La empresa siderúrgica Ternium enfrenta un ultimátum en Nuevo León. Este viernes 2 de mayo vence el plazo impuesto por la Secretaría de Medio Ambiente estatal para que la compañía entregue un plan detallado de remediación tras el derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril en su planta Churubusco, ha desatado una ola de críticas y exigencias de acción.
El derrame, que afectó 11 kilómetros del arroyo y llegó a los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Pesquería, dejó un rastro de contaminación visible. Vecinos de la colonia San Miguel, en Guadalupe, reportaron residuos industriales en el cauce, evidenciando la magnitud del problema. La indignación ciudadana crece ante lo que muchos consideran una respuesta insuficiente de la empresa.
Ternium asegura que no hay riesgos para la salud pública. Según la compañía, desde el 21 de abril el arroyo está normalizado, con niveles de pH óptimos gracias a las labores de 150 brigadistas. Sin embargo, las autoridades y la población dudan de estas afirmaciones, ya que los residuos persisten en algunas zonas, desmintiendo la efectividad de las medidas iniciales.
La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alfonso Martínez Muñoz, ha prometido sanciones ejemplares. El gobierno estatal evalúa incluso el cierre o la reubicación de la planta, una medida que ha ganado apoyo entre legisladores y activistas. Martínez Muñoz afirmó que todas las opciones están sobre la mesa para proteger a la ciudadanía.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, se sumó a las voces que exigen el cierre inmediato de Ternium. Junto a él, diputados como Claudia Chapa y Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, han señalado que la empresa debe asumir su responsabilidad. Pámanes comparó el caso con el de Zinc Nacional, insistiendo en que la reubicación es necesaria para garantizar la seguridad ambiental.
Activistas como José Daniel Borrego han ido más lejos, presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Borrego cuestiona las declaraciones de Ternium, que minimizan la toxicidad del derrame, y exige investigaciones exhaustivas. La presión social no da tregua, y la empresa enfrenta un escrutinio sin precedentes.
Ternium ha intentado mitigar las críticas con un discurso de responsabilidad corporativa. La empresa detalló que usó materiales como cal y bicarbonato para neutralizar el agua, además de realizar más de 200 análisis de laboratorio. Sin embargo, estos esfuerzos no han convencido a las autoridades ni a los ciudadanos, quienes demandan soluciones de fondo.
El historial de Ternium no ayuda a su imagen. La compañía ha sido señalada por emisiones de metales pesados como plomo, cromo y cadmio, además de duplicar sus emisiones de metano en 2022. Estos antecedentes refuerzan la percepción de que la siderúrgica prioriza sus operaciones sobre el bienestar ambiental y la salud pública.
La Procuraduría Ambiental de Nuevo León ya inició un procedimiento administrativo contra Ternium. Se espera que en los próximos días se definan las sanciones, que podrían marcar un precedente en la regulación de industrias contaminantes. Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta, exigiendo que no se repitan desastres como el de La Talaverna.
Este caso pone en el centro el debate sobre la responsabilidad de las grandes industrias en México. Con el plazo a punto de cumplirse, Ternium está en la cuerda floja, y las decisiones que tome el gobierno estatal podrían cambiar el rumbo de la protección ambiental en la región.