Un nuevo escándalo ambiental sacude a Nuevo León tras el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos en el arroyo La Talaverna, provocado por la empresa Ternium. La planta ubicada en los límites de Monterrey y San Nicolás ha desatado la indignación de autoridades y ciudadanos, quienes exigen justicia por el daño a la fauna y al ecosistema.
El pasado 18 de abril, cloruro ferroso y agua ácida se vertieron desde la planta de Ternium en Churubusco, afectando 11 kilómetros del arroyo. Este incidente no solo ha contaminado el agua, sino que ha causado la muerte de especies protegidas, como tortugas de concha blanda, según reportes de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Glen Villarreal Zambrano, director de Parques y Vida Silvestre, confirmó el hallazgo de fauna muerta tras inspecciones en la zona. Tortugas, peces, ranas y hasta castores, cuya presencia indicaba una recuperación ambiental, están en riesgo por los químicos corrosivos vertidos.
Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre, señaló que el daño a los castores es especialmente alarmante. Estos mamíferos dependen de ecosistemas acuáticos limpios, y su afectación refleja la gravedad del desastre. Además, destacó que Ternium lleva años contaminando el arroyo, desde los tiempos en que era conocida como Aceros Planos.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, ha sido tajante al exigir el cierre de la planta. Junto a legisladores locales, como Claudia Chapa y Sandra Pámanes, ha pedido sanciones penales contra los responsables y la reubicación de Ternium para proteger la salud pública y el medio ambiente.
Ternium, por su parte, asegura que el arroyo está “normalizado” tras sus labores de limpieza con 150 brigadistas. Sin embargo, vecinos de colonias como San Miguel, en Guadalupe, reportan que el agua sigue visiblemente contaminada, lo que pone en duda la efectividad de las medidas de la empresa.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ha prometido una “sanción ejemplar” contra Ternium. Alfonso Martínez Muñoz, titular de la dependencia, afirmó que se evalúan todas las opciones, incluyendo el cierre o la reubicación de la planta, priorizando el bienestar de la ciudadanía.
Activistas como José Daniel Borrego han llevado el caso a la Fiscalía General de la República, argumentando que el derrame constituye un delito ambiental. La presión social crece, y la ciudadanía exige que Ternium asuma la responsabilidad total por el daño causado.
Este no es el primer señalamiento contra Ternium. Informes previos han denunciado sus emisiones de plomo, cromo y cadmio, que afectan la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. La empresa, dirigida por Máximo Vedoya, enfrenta ahora un escrutinio sin precedentes.
El futuro de Ternium en Nuevo León pende de un hilo. Mientras las autoridades deciden las sanciones, el arroyo La Talaverna sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la negligencia ambiental. La ciudadanía espera que esta vez las promesas de justicia se traduzcan en acciones concretas.