En un evento reciente en Santa Catarina, Nuevo León, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se presentó para impulsar la participación ciudadana en las próximas elecciones judiciales del 1 de junio de 2025. Este proceso, que busca renovar cargos clave en el Poder Judicial, ha sido promovido como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, las promesas de cambio suenan familiares en un contexto donde la confianza en las instituciones está desgastada.
La ministra destacó la importancia de que los ciudadanos se involucren activamente en la elección de jueces, magistrados y ministros. Según ella, este ejercicio democrático permitirá que la justicia refleje los intereses de la sociedad y no de unos pocos. En Santa Catarina, un municipio que ha enfrentado retos en seguridad y servicios públicos, estas palabras buscan resonar con una población cansada de la opacidad en el sistema judicial.
El evento contó con la presencia de autoridades locales, quienes respaldaron la iniciativa. Sin embargo, no pasó desapercibido que la organización corrió a cargo de figuras cercanas a Morena, lo que levanta sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de esta campaña. ¿Es realmente un esfuerzo por empoderar a la ciudadanía o una estrategia para consolidar influencia política en el Poder Judicial?
Las elecciones judiciales de 2025 son un proceso sin precedentes en México, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar directamente por los representantes del sistema judicial. En total, se disputarán 91 cargos a nivel nacional, incluyendo nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, así como magistraturas en el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. En Nuevo León, la expectativa es alta, pero también lo es el escepticismo.
En Santa Catarina, la ministra enfatizó que la participación ciudadana es clave para garantizar un proceso transparente. Se han implementado talleres y campañas informativas para explicar cómo funcionará la votación y qué implicaciones tendrá. Sin embargo, algunos asistentes al evento expresaron dudas sobre la preparación del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo un proceso de esta magnitud sin irregularidades.
Críticos locales han señalado que, aunque la idea de democratizar el Poder Judicial suena atractiva, la ejecución podría estar plagada de problemas. La falta de información clara sobre los candidatos y el riesgo de que los partidos políticos manipulen el proceso son preocupaciones recurrentes. En un municipio como Santa Catarina, donde la ciudadanía ha exigido mayor transparencia, estas inquietudes no son menores.
Por otro lado, la ministra evitó mencionar los desafíos que enfrenta el gobierno federal para garantizar la imparcialidad en estas elecciones. La cercanía de algunos organizadores con Morena ha generado críticas, especialmente porque el partido ha sido acusado en el pasado de intentar influir en instituciones autónomas. Este contexto pone en duda si el proceso será tan participativo como se promete.
A pesar de las críticas, el evento en Santa Catarina logró captar la atención de algunos ciudadanos interesados en el proceso. La ministra aseguró que se seguirán realizando actividades para informar a la población y fomentar la participación. Mientras tanto, los habitantes de Nuevo León observan con cautela, esperando que estas elecciones realmente marquen una diferencia en un sistema judicial que, por años, ha sido señalado por su lejanía con el pueblo.
En los próximos meses, Santa Catarina y el resto del país enfrentarán el reto de hacer realidad esta ambiciosa reforma. La pregunta sigue en el aire: ¿será este un paso genuino hacia una justicia más democrática o simplemente un espectáculo más en el juego político? La respuesta dependerá de la vigilancia ciudadana y de la capacidad del sistema para cumplir con las expectativas generadas.