En la Ciudad de México, un grupo de aproximadamente 250 migrantes, provenientes de países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Honduras, ha tomado una medida desesperada para proteger su refugio. Instalados en un campamento en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, estas personas han tramitado un amparo legal para evitar ser trasladadas a un albergue en Tepito. La decisión refleja su temor a perder la comunidad que han construido y a enfrentar condiciones inciertas en otro lugar.
El campamento de Vallejo, compuesto por unas 400 personas, incluyendo 100 menores de edad, se ha convertido en un espacio de resistencia. Muchas de estas familias han vivido ahí durante más de un año, logrando cierta estabilidad. Algunos niños asisten a escuelas locales, mientras que los adultos han encontrado trabajos informales, como el comercio o la limpieza. Sin embargo, el gobierno capitalino insiste en desmantelar el asentamiento, argumentando que busca ofrecer condiciones más dignas.
Las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la Coordinación de Movilidad Humana, han realizado operativos desde abril para convencer a los migrantes de mudarse al albergue Vasco de Quiroga. Según el gobierno, este lugar ofrece servicios básicos y mayor seguridad. Pero los migrantes desconfían. Alegan que el albergue no garantiza la misma libertad ni comunidad que han creado en Vallejo, y temen que el traslado sea un paso hacia la deportación.
El amparo, promovido con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, busca frenar cualquier desalojo forzoso. Este recurso legal argumenta que las autoridades no han proporcionado alternativas claras ni respetado los derechos de las personas en movilidad. Además, el Grupo de Monitoreo Frontera Centro ha denunciado que operativos previos en otros campamentos han involucrado violencia y abusos, lo que aumenta la preocupación de los habitantes de Vallejo.
La situación se complica porque muchos de estos migrantes son solicitantes de refugio en México. Al menos 110 personas están en espera de una cita con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un proceso que puede tomar meses. La cancelación del sistema CBP One por parte de Estados Unidos, que permitía gestionar citas para asilo, ha frustrado los planes de quienes buscaban llegar a la frontera norte, obligándolos a permanecer en la capital.
El gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración de Morena, ha intensificado sus esfuerzos para eliminar campamentos migrantes en la vía pública. La jefa de gobierno ha fijado marzo de 2025 como fecha límite para que no existan más asentamientos de este tipo. Sin embargo, la resistencia de los migrantes en Vallejo pone en evidencia la falta de soluciones integrales para atender a esta población vulnerable.
Organizaciones civiles han criticado la estrategia del gobierno capitalino, señalando que los traslados forzosos no resuelven el problema de fondo. La falta de albergues suficientes y las condiciones precarias en los existentes agravan la crisis. En Vallejo, los migrantes han creado un sistema de apoyo mutuo, con espacios improvisados para cocinar, descansar y protegerse, algo que temen perder si aceptan el traslado.
La embajadora de Venezuela en México, Stella Lugo, visitó el campamento para dialogar con sus connacionales, pidiéndoles aceptar el traslado para facilitar su repatriación. Sin embargo, muchos migrantes rechazan esta opción, argumentando que regresar a sus países no es viable debido a la violencia, la pobreza o la persecución que enfrentan. Prefieren quedarse en México, aunque sea en condiciones precarias.
Este conflicto revela las tensiones entre las políticas migratorias del gobierno y las necesidades de las personas en movilidad. Mientras las autoridades insisten en el desalojo, los migrantes defienden su derecho a permanecer en un lugar donde han encontrado un mínimo de estabilidad. La resolución del amparo será clave para determinar el futuro de este campamento.
La situación en Vallejo es un reflejo de los desafíos que enfrenta la Ciudad de México, alguna vez considerada un santuario para migrantes. Ahora, con campamentos improvisados en plazas y camellones, la capital lucha por balancear el orden público con el respeto a los derechos humanos. La pregunta sigue siendo si el gobierno priorizará la dignidad de estas personas o continuará apostando por soluciones que parecen ignorar sus voces.