La tragedia en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc no termina. A la muerte del pequeño Erick, de 13 años, se suman ahora denuncias de violencia contra ocho niños más, víctimas de presuntos maltratos físicos y psicológicos en el mismo campamento en Cuautla, Morelos. Los testimonios son desgarradores y apuntan a una cadena de abusos que las autoridades no han logrado frenar.
Erika Torbellín, madre de Erick, ha liderado las acusaciones, asegurando que su hijo fue torturado hasta la muerte. Según la necropsia, el menor falleció por estallamiento de vísceras, resultado de brutales agresiones. Lejos de ser un caso aislado, otros padres han roto el silencio, revelando que sus hijos también sufrieron castigos extremos durante el campamento organizado por esta institución.
Los relatos de los menores son escalofriantes. Hablan de golpes, arrastres por el suelo, privación de agua y comida, e incluso amenazas para que no denunciaran. Un alumno con una fractura fue obligado a pelear por comida contra un superior, lo que agravó su lesión. Estas prácticas, que la academia disfrazaba de “disciplina”, han dejado cicatrices físicas y emocionales en los niños.
La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, no cuenta con ninguna afiliación a la Secretaría de Educación Pública ni a la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de ello, ofrecía cursos para niños y adolescentes, promocionándolos como experiencias seguras y formativas. La realidad, según las denuncias, era muy diferente.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió cuatro carpetas de investigación, y se espera que el número crezca. Los padres de al menos 20 menores han manifestado su intención de presentar denuncias formales. Las autoridades de Morelos también investigan, pero hasta ahora no hay responsables detenidos, lo que alimenta la indignación de las familias.
El caso ha llegado hasta la presidencia. Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina, asegurando que el gobierno federal dará seguimiento a las investigaciones. Sin embargo, sus declaraciones no han calmado a los padres, quienes exigen justicia inmediata y el cierre definitivo de la academia. La falta de acción concreta sigue siendo un punto de crítica.
La clausura temporal de la academia, ordenada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, no parece suficiente. El plantel fue sellado por incumplir normas de seguridad, pero las familias insisten en que el problema va más allá: se trata de un sistema que permitió y encubrió abusos contra menores indefensos.
Mientras las investigaciones avanzan, la sociedad mexicana se pregunta cómo fue posible que una institución operara sin supervisión adecuada. Los testimonios de los niños pintan un panorama de terror, donde la supuesta formación militar se convirtió en un escenario de violencia desmedida. La exigencia de justicia para Erick y los demás menores no cede.
Este caso pone en el centro el debate sobre la regulación de instituciones que trabajan con menores. La ausencia de controles estrictos y la permisividad de las autoridades han permitido que tragedias como esta ocurran. Las familias afectadas no descansarán hasta que los responsables rindan cuentas.