El gobierno de Haití ha decretado el estado de emergencia en todo el país por tres meses, una medida desesperada ante el avance imparable de las bandas armadas que han sumido a la nación caribeña en un torbellino de violencia. La decisión busca facilitar las intervenciones de las fuerzas del orden, pero la crisis parece desbordar cualquier intento de control.
La situación en Puerto Príncipe, la capital, es alarmante. Las pandillas controlan casi por completo la ciudad, desatando asesinatos, secuestros y ataques que han paralizado la vida cotidiana. Según un comunicado oficial, el gobierno considera que esta movilización de recursos es imprescindible para enfrentar una inseguridad que golpea tanto a los ciudadanos como a la economía nacional.
Un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reveló cifras escalofriantes: en los primeros tres meses del año, 1,617 personas murieron y 580 resultaron heridas debido a la violencia de las bandas, grupos de autodefensa y operativos de las fuerzas de seguridad. Además, 161 personas fueron secuestradas en el mismo periodo, lo que evidencia la magnitud del problema.
La coalición de bandas Viv Ansanm, surgida en 2023 tras la alianza de los grupos G-9 y G-Pép, ha sido señalada como una de las principales responsables del caos. Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos las designó, junto con la pandilla Gran Grif, como organizaciones terroristas, acusándolas de atacar a civiles, fuerzas de seguridad y personal de misiones internacionales.
El gobierno haitiano también anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, una entidad destinada a coordinar inteligencia y contrainteligencia para proteger los intereses del país. Sin embargo, la efectividad de esta medida está en duda, dado el control territorial que ejercen las pandillas y la fragilidad de las instituciones estatales.
La crisis no es nueva. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha enfrentado un vacío de poder que las pandillas han aprovechado para expandir su influencia. Puerto Príncipe, en particular, vive bajo el yugo de unos 200 grupos criminales que controlan entre el 50 y el 80 por ciento de la ciudad, según estimaciones.
A pesar de los esfuerzos internacionales, como la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la violencia no cede. La ONU ha advertido que el país se acerca a un punto de no retorno, con ataques cada vez más coordinados que afectan incluso a zonas antes consideradas seguras. La policía y el ejército, desbordados, luchan por contener una situación que parece escapárseles de las manos.
La declaración de emergencia incluye un llamado a movilizar todos los recursos disponibles, pero los retos son enormes. La economía está colapsada, el hambre afecta a casi la mitad de la población y los desplazados por la violencia suman cientos de miles. Haití enfrenta una tormenta perfecta de inseguridad, pobreza y abandono institucional.
El panorama es sombrío, y las medidas anunciadas podrían ser insuficientes para frenar el deterioro. Mientras las pandillas consolidan su poder, la población vive en un estado de miedo constante, atrapada en un país donde la autoridad del Estado es cada vez más una ilusión.