El Comité de Evaluación del Poder Legislativo se lava las manos y asegura que no tiene los informes sobre los candidatos a jueces presuntamente vinculados al crimen organizado. Según el organismo, esa información está en poder del Senado, lo que desata dudas sobre la transparencia en el proceso de selección judicial.
La controversia estalla en medio del Proceso Electoral Judicial 2024-2025, donde se elegirán jueces, magistrados y ministros. El Comité afirma que su única función fue revisar los documentos enviados por los aspirantes, pero no recibió datos sobre posibles nexos delictivos. Esto pone en entredicho la calidad de los filtros aplicados.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y figura clave de Morena, ha quedado en el centro de la polémica. Aunque anunció que se investigarán los antecedentes de los candidatos, su silencio inicial y la falta de acción concreta alimentan las sospechas de encubrimiento.
El Senado, encabezado por Morena, recibió solicitudes formales para verificar si los aspirantes tienen vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no hay avances claros. La opacidad en el manejo de esta información genera críticas sobre el compromiso del partido en el poder con la justicia.
Organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) también están bajo presión. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aclaró que la revisión de los perfiles es responsabilidad del Senado, no del INE. Esto desata un juego de culpas que deja a los ciudadanos sin respuestas.
La sociedad exige claridad. Organizaciones civiles y partidos de oposición han denunciado que el proceso está plagado de irregularidades, incluyendo registros de personas sin títulos profesionales o con nexos políticos evidentes con Morena. La falta de transparencia amenaza la credibilidad del Poder Judicial.
Mientras tanto, el Comité de Evaluación insiste en que actuó con “minuciosa revisión artesanal” de los documentos. Sin embargo, casos como el de un joven que avanzó en el proceso sin presentar un solo documento han encendido las alarmas sobre posibles favoritismos.
La presión crece para que el Senado revele los informes y tome medidas. Cada día sin respuestas fortalece la percepción de que el proceso está manipulado para proteger intereses oscuros. La justicia mexicana, una vez más, está en la cuerda floja.
Este escándalo no solo cuestiona la idoneidad de los candidatos, sino también la voluntad de Morena para garantizar un Poder Judicial independiente. Los ciudadanos merecen saber quiénes buscan controlar la impartición de justicia en el país.