Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha encendido las alarmas al asegurar que cuentan con pruebas contundentes para impugnar a candidatos a jueces y magistrados con nexos criminales. En una declaración que ha sacudido el proceso de elección judicial, el senador de Morena afirmó que no permitirán que personas vinculadas al crimen organizado ocupen cargos en el Poder Judicial.
La controversia surge en el marco de la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio. Según Noroña, el Senado ha identificado al menos una veintena de aspirantes que no cumplen con el requisito constitucional de probidad. Entre ellos, destacó a quienes han defendido a narcotraficantes o han otorgado amparos para liberar a criminales, lo que calificó como una grave amenaza para la justicia en México.
El legislador señaló que ya se han presentado impugnaciones ante el Tribunal Electoral para que estos candidatos sean retirados antes de la elección. Criticó duramente los filtros aplicados por el propio Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE), admitiendo que “se les colaron” algunos perfiles cuestionables. Esta confesión ha desatado críticas sobre la efectividad de los mecanismos de selección.
Noroña también reveló que solicitó información a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el INE para sustentar las impugnaciones. Aseguró que no buscan atacar el proceso en su conjunto, sino garantizar que solo personas íntegras lleguen al Poder Judicial. Sin embargo, no proporcionó nombres específicos, lo que ha generado especulaciones y dudas sobre la transparencia de las acusaciones.
El senador insistió en que las pruebas son sólidas y que las impugnaciones se presentarán esta semana. Según él, las áreas jurídicas del Senado están trabajando arduamente para evitar que los candidatos señalados participen en la contienda. Este proceso, dijo, es crucial para proteger la integridad de una reforma judicial impulsada por Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La elección judicial, única en el mundo, ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales. Organismos como la ONU y el gobierno de Estados Unidos han advertido que la intervención del voto ciudadano podría exponer a los jueces a presiones políticas y del crimen organizado. Las declaraciones de Noroña parecen confirmar estos temores, al evidenciar la presencia de perfiles cuestionables en la contienda.
Mientras tanto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha respondido que no es responsabilidad del instituto evaluar los antecedentes de los candidatos. Según Taddei, cualquier irregularidad debe ser resuelta por el Senado o el Tribunal Electoral tras la elección. Esta postura ha sido duramente criticada por Noroña, quien insiste en que las candidaturas deben ser retiradas antes de los comicios.
El escándalo pone en entredicho la credibilidad del proceso electoral judicial y la capacidad de las instituciones para garantizar la idoneidad de los aspirantes. A medida que se acerca la fecha de la votación, la presión aumenta para que el Senado revele los nombres de los candidatos señalados y aclare cómo se permitió su registro. La ciudadanía espera respuestas claras en un tema que podría definir el futuro de la justicia en México.
La polémica también ha avivado el debate sobre el papel de Morena en la reforma judicial. Mientras Noroña se presenta como un defensor de la transparencia, sus críticos lo acusan de usar el tema para fortalecer su imagen política de cara a las elecciones de 2030. Sin importar las intenciones, este caso ha expuesto las fallas de un sistema que prometía revolucionar el Poder Judicial.
A pocos días de que se presenten las impugnaciones, el país permanece atento a las acciones del Senado. La promesa de Noroña de limpiar la elección judicial de influencias criminales será puesta a prueba, y los resultados podrían tener repercusiones profundas en la confianza hacia las instituciones mexicanas.