El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, ha sufrido un nuevo revés en su lucha por recuperar la protección policial que tenía en el Reino Unido. El Tribunal de Apelaciones de Londres desestimó su recurso contra el gobierno británico, que decidió reducir su nivel de seguridad tras abandonar sus funciones reales en 2020. La noticia ha generado revuelo, ya que el duque de Sussex argumenta que esta decisión pone en riesgo a su familia.
En 2020, Harry y su esposa, Meghan Markle, tomaron la decisión de dejar sus roles como miembros activos de la familia real británica y mudarse a Estados Unidos. Como consecuencia, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas determinó que ya no recibirían el mismo nivel de seguridad financiada por los contribuyentes. Desde entonces, el príncipe ha insistido en que esta medida dificulta sus visitas al Reino Unido.
El recurso presentado por Harry buscaba revertir esta decisión, argumentando que el gobierno no evaluó adecuadamente las amenazas a las que él y su familia están expuestos. Según su equipo legal, el duque no busca un trato preferencial, sino una aplicación justa de las normas de protección. Sin embargo, el tribunal falló en su contra, reafirmando que la seguridad del príncipe será evaluada caso por caso.
Durante el proceso, los abogados de Harry destacaron que el príncipe ha recibido amenazas significativas, incluyendo un llamado de Al Qaeda a su asesinato tras la publicación de su autobiografía, donde reveló haber eliminado a 25 combatientes talibanes durante su servicio en Afganistán. Este contexto, según su defensa, justifica la necesidad de una protección más robusta.
El juez Geoffrey Vos, encargado del caso, reconoció la dimensión humana de la situación, pero señaló que la decisión del gobierno es comprensible, dado que Harry ya no reside en el Reino Unido ni cumple funciones reales. El magistrado enfatizó que la reducción de su seguridad es una consecuencia lógica de su traslado a California.
Además del rechazo de su apelación, Harry ha sido condenado a pagar una suma de 1.5 millones de libras en costas legales. Este fallo representa la segunda derrota judicial del príncipe en su intento por garantizar una protección automática en el Reino Unido, ya que en 2023 también se le negó financiar de su bolsillo esta seguridad.
El caso ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los miembros de la familia real que deciden apartarse de sus deberes. Harry ha expresado en múltiples ocasiones que la falta de garantías de seguridad es un obstáculo para que sus hijos, Archie y Lilibet, puedan visitar el Reino Unido con regularidad y sentirse seguros.
A pesar de los reveses legales, el príncipe no parece dispuesto a rendirse. Su equipo legal ha indicado que estudiarán los próximos pasos, lo que podría incluir un nuevo intento de apelación. Mientras tanto, Harry y Meghan continúan residiendo en California, donde cuentan con seguridad privada, aunque esta no puede replicar las medidas policiales británicas.
La situación subraya las tensiones entre el duque de Sussex y las instituciones británicas, tanto gubernamentales como reales. La decisión de Harry de hacer públicas sus experiencias y críticas a la monarquía ha generado un distanciamiento que, por ahora, no parece tener una solución cercana.
Este caso no solo afecta a Harry y su familia, sino que también plantea preguntas sobre cómo se gestiona la seguridad de figuras públicas que, aunque ya no desempeñan roles oficiales, siguen siendo objetivos potenciales debido a su perfil y pasado.