El gobierno de Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que autorice al Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el magnate Elon Musk, a acceder a los registros personales de la Seguridad Social, una medida que ha desatado fuertes críticas y preocupaciones por la privacidad.
La petición llega después de que una jueza federal en Maryland, Ellen Hollander, bloqueara temporalmente este acceso el pasado 20 de marzo, argumentando que la medida carecía de justificación legal y ponía en riesgo datos sensibles de millones de personas.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, busca revisar información que incluye números de Seguridad Social, historiales médicos, datos fiscales, cuentas bancarias, domicilios y registros migratorios, entre otros, con el supuesto objetivo de combatir el fraude.
El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, acusó a la jueza Hollander de exceder su autoridad, calificando su decisión como un obstáculo para las prioridades del gobierno de Trump y un daño irreparable a las funciones del Ejecutivo.
La controversia ha escalado debido a la naturaleza del DOGE, un organismo no oficial creado por Trump y dirigido por Musk, que ha sido criticado por operar sin la supervisión adecuada y por la falta de experiencia de sus miembros en el manejo de datos confidenciales.
Organizaciones como la Federación Estadounidense de Profesores y la Alianza para Jubilados Estadounidenses han demandado al gobierno, argumentando que otorgar acceso irrestricto a esta información viola las leyes federales de privacidad y pone en riesgo a los ciudadanos.
Sauer, en su defensa, insiste en que la orden de Hollander es parte de un patrón de bloqueos judiciales que impiden al gobierno implementar reformas urgentes, una narrativa que la administración Trump ha usado en otros casos polémicos.
El DOGE ha justificado su solicitud afirmando que el sistema de Seguridad Social está plagado de irregularidades, incluyendo pagos a personas fallecidas o indocumentadas, aunque expertos han señalado que estas acusaciones carecen de pruebas sólidas.
La batalla legal ha puesto en el centro del debate la tensión entre la eficiencia administrativa y la protección de datos personales, mientras el Supremo deberá decidir si permite a DOGE avanzar con una medida que podría tener profundas implicaciones para la privacidad en Estados Unidos.
El caso refleja el enfoque agresivo del gobierno de Trump para desmantelar restricciones judiciales, lo que ha generado preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y la transparencia en la gestión de información sensible.