En un operativo en el sur de Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano detectaron un dron que sobrevolaba de manera sospechosa la zona. Sin dudarlo, los militares utilizaron un fusil antidrones para derribar el aparato, que resultó ser un DJI Mavic 3. Este incidente, ocurrido en el poblado de Tonalá, municipio de Rosario, pone en evidencia el creciente uso de tecnología por parte de grupos delictivos.
El despliegue militar no fue casual. Las fuerzas armadas, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, realizaban recorridos de vigilancia. La presencia del dron levantó alertas, ya que estos dispositivos han sido utilizados por el crimen organizado para monitorear operativos o incluso lanzar explosivos.
Tras derribar el dron, los militares iniciaron una búsqueda en la zona para localizar el artefacto. El DJI Mavic 3, un modelo comercial de alta gama, fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades. Ahora, las investigaciones buscan determinar quién operaba el dron y con qué propósito, en un contexto donde la violencia en Sinaloa no da tregua.
Este no es un caso aislado. En los últimos meses, Sinaloa ha sido escenario de múltiples incidentes relacionados con drones. Desde ataques con explosivos hasta enfrentamientos armados, los grupos criminales han adoptado estas tecnologías para desafiar a las autoridades. La situación mantiene en vilo a la población, que vive bajo la constante amenaza de la inseguridad.
La falta de control en el estado es evidente. Mientras el gobierno presume avances en seguridad, los operativos como este revelan que los delincuentes están un paso adelante, utilizando herramientas sofisticadas para evadir a las fuerzas del orden. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá esta escalada de violencia sin una estrategia efectiva.
El uso de un fusil antidrones por parte del Ejército también llama la atención. Esta tecnología, diseñada para neutralizar vehículos aéreos no tripulados, muestra que las fuerzas armadas están intentando adaptarse a las nuevas tácticas del crimen organizado. Sin embargo, el incidente deja claro que la batalla tecnológica está lejos de ganarse.
En Rosario, los habitantes viven con temor. Los operativos militares son frecuentes, pero los resultados parecen insuficientes. La presencia de drones en manos de criminales no solo pone en riesgo a los elementos de seguridad, sino también a la población civil, que queda atrapada en medio de este conflicto.
La impunidad sigue siendo el gran problema. Aunque el dron fue derribado y asegurado, no hay garantías de que se encuentre a los responsables. Las autoridades prometen investigaciones, pero los antecedentes muestran que estos casos rara vez llegan a resolverse. Mientras tanto, Sinaloa sigue sumido en una crisis de seguridad que no parece tener fin.
Este incidente es un recordatorio de la complejidad del panorama en el estado. La lucha contra el crimen organizado requiere más que operativos aislados. Sin una estrategia integral que aborde las raíces del problema, los drones seguirán surcando los cielos y la violencia continuará marcando el día a día de los sinaloenses.