El Congreso del Estado de México está en el centro de la atención tras la propuesta del diputado Gerardo Pliego, de Morena, para rediseñar el modelo de transparencia en la entidad. La iniciativa busca que cada poder público y órgano autónomo tenga su propia autoridad garante de acceso a la información y protección de datos personales. Pero, ¿es realmente un paso hacia la claridad o solo un movimiento político más?
La propuesta de Pliego surge en un contexto donde la transparencia en el Estado de México ha sido cuestionada. Actualmente, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem) es el encargado de garantizar estos derechos. Sin embargo, el diputado argumenta que este modelo está desfasado y no responde a las necesidades actuales de los ciudadanos.
El plan plantea una reestructuración profunda: cada entidad pública tendría su propio organismo de transparencia, supuestamente para agilizar procesos y mejorar la rendición de cuentas. Pliego asegura que esto fortalecerá la lucha contra la corrupción, un tema que Morena ha usado como bandera en su discurso político. Pero las dudas persisten: ¿será esto suficiente para cambiar un sistema que muchos consideran opaco?
Críticos de la iniciativa señalan que fragmentar el sistema de transparencia podría generar confusión y duplicidad de funciones. Además, hay quienes ven en esta propuesta un intento de Morena por consolidar control sobre las instituciones, dado que el partido domina el Congreso local. La desconfianza crece cuando se recuerda que otras promesas de transparencia han quedado en el papel.
Otro punto controversial es la integración de estas autoridades de transparencia al Sistema Estatal Anticorrupción. Según Pliego, esto garantizaría una coordinación más efectiva para combatir prácticas corruptas. Sin embargo, no se han aclarado los detalles sobre cómo se financiarían estas nuevas estructuras ni cómo se evitaría que se conviertan en burocracias ineficientes.
El Congreso también enfrenta presión por otros pendientes en materia de anticorrupción. Por ejemplo, está la emisión de convocatorias para completar la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana, un organismo clave que actualmente opera con ausencias que lo debilitan. La pregunta es si esta reforma será prioridad o quedará en segundo plano.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo. En un estado donde la opacidad ha sido señalada en temas como el manejo de recursos públicos o las cuentas públicas, cualquier cambio en el modelo de transparencia debe ser claro y contundente. Los mexiquenses exigen resultados, no solo discursos.
La discusión de esta iniciativa apenas comienza, y su aprobación no está garantizada. Lo que sí es seguro es que el tema de la transparencia seguirá siendo un punto candente en el Congreso del Edomex. ¿Cumplirá Morena con su promesa de un sistema más abierto, o será este otro capítulo de intenciones sin impacto real?