El Congreso de Sonora ha dado un paso contundente al aprobar el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, un personaje ligado a Morena, en medio de graves señalamientos por corrupción. La decisión, tomada en una sesión privada, abre la puerta para que enfrente un proceso penal que sacude la política local.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó retirar el fuero al edil debido a irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas para la Dirección de Seguridad Pública. El contrato, valuado en más de 171 millones de pesos, fue adjudicado de manera directa a la empresa Grinleasing, violando las normas de adquisiciones públicas.
La Auditoría Superior del Estado detectó que no había justificación para evitar una licitación pública, como exige la ley. Además, se reportó un daño patrimonial de 14.5 millones de pesos, ya que el servicio contratado no se prestó en el ejercicio fiscal 2024. Estas irregularidades han puesto a Vargas Landeros en el centro de la controversia.
El proceso de desafuero también alcanza al diputado local de Morena, Genaro García Castro, quien era secretario del Ayuntamiento de Ahome cuando se firmó el contrato. Ambos funcionarios, ahora desprovistos de su inmunidad, enfrentarán una investigación penal por presunto ejercicio indebido del servicio público.
Horas antes de confirmarse el desafuero, Vargas Landeros anunció en un video en redes sociales que solicitó una licencia temporal para atender el proceso legal. Calificó la acción como una injusticia y aseguró que demostrará su inocencia, defendiendo su gestión como una de las más seguras del país.
El caso ha generado revuelo por señalamientos adicionales. Según reportes periodísticos, la solicitud de desafuero podría estar vinculada a presuntas conexiones de Vargas con el crimen organizado, específicamente con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones, aún no confirmadas, añaden más sombras al caso.
El Congreso de Sonora actuó con hermetismo durante la sesión, restringiendo el acceso a la prensa y prohibiendo dispositivos electrónicos. La votación fue unánime, con 38 deputados a favor, reflejando la gravedad de las acusaciones contra los implicados.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se deslindó del proceso, afirmando que el Ejecutivo no tiene injerencia. Sin embargo, la presión sobre los funcionarios de Morena en Ahome no cede, mientras la ciudadanía espera respuestas claras sobre el uso de los recursos públicos.
Este caso se suma a una serie de controversias que han marcado a Morena en Sinaloa. La investigación penal será clave para determinar si hubo corrupción deliberada o si, como sostiene Vargas, se trata de una persecución política contra su liderazgo.
El desenlace de este proceso promete mantener la atención en Ahome, un municipio donde la política y las acusaciones de irregularidades no dan tregua. La justicia tendrá la última palabra en un caso que ya genera indignación y debate.