El Congreso de Sinaloa aprobó el desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro, ambos de Morena, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada. La decisión, tomada por unanimidad, marca un nuevo capítulo de controversia para el partido en el estado.
La medida responde a una denuncia presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se les acusa de irregularidades en un contrato de arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos, firmado en 2021 sin licitación pública, como exige la ley.
La Auditoría Superior del Estado detectó que el contrato con la empresa Grinleasing se adjudicó de manera directa, sin justificación válida. Este hallazgo dio pie a la investigación penal que ahora deja a ambos funcionarios sin fuero constitucional.
Vargas Landeros, quien solicitó licencia por 90 días horas antes de la votación, calificó el proceso como una maniobra política. Aseguró que su administración ha sido transparente y que defenderá su nombre ante las acusaciones.
Por su parte, García Castro, exsecretario del Ayuntamiento de Ahome, también perdió su inmunidad procesal. Ambos enfrentarán ahora investigaciones penales sin la protección que les otorgaba su cargo.
La sesión, celebrada a puerta cerrada, contó con la presencia de 39 legisladores y la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo. Ella expuso los detalles de la carpeta de investigación que sustentó la declaratoria de procedencia.
El Congreso de Sinaloa convocó a una nueva sesión para designar al sustituto de Vargas Landeros en la alcaldía de Ahome. También se nombrará al suplente de García Castro en el Poder Legislativo.
Este caso se suma a otros desafueros de alcaldes morenistas en Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Figuras como Luis Guillermo Benítez en Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán han enfrentado procesos similares.
Vargas Landeros insistió en que no se esconderá y que su salida temporal no implica una renuncia a la vida pública. Sin embargo, las acusaciones han generado críticas sobre la gestión de Morena en el municipio.
El futuro político y legal de ambos funcionarios dependerá de las investigaciones judiciales. Mientras tanto, la decisión del Congreso refleja las tensiones institucionales que persisten en Sinaloa.