La carrera por la presidencia del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) se intensifica con un abanico de 93 aspirantes que buscan liderar el organismo. Entre los nombres destacados figuran magistrados, exdiputados y figuras públicas con trayectorias controvertidas, lo que promete una contienda reñida y llena de tensiones políticas.
El proceso, que incluye la selección de magistraturas, jueces y miembros del Tribunal de Disciplina, ha generado gran expectativa. En total, mil 579 personas pasaron el primer filtro, distribuidas en diferentes cargos: 736 para jueces, 580 para magistraturas y 169 para el Tribunal de Disciplina. La diversidad de perfiles refleja la complejidad de esta elección.
Entre los aspirantes a la presidencia del PJEM sobresalen nombres como Arlen Siu Jaime Merlos, ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y Rubén Maximiliano Alexander Rábago, ex diputado del PAN con nexos en el Poder Judicial. También figuran magistrados como Héctor Macedo García y Erika Isela Castillo Vega, quienes buscan consolidar su influencia.
El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha sido el único en transparentar los nombres y folios de los candidatos, mientras que los comités Legislativo y Judicial solo publicaron números de folios. Esta falta de claridad ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso, alimentando críticas entre los observadores.
La insaculación, un sorteo público para reducir el número de candidatos, marcó un momento clave. Este mecanismo, realizado por los comités de los tres poderes, buscó garantizar paridad de género y ajustar las listas a los cargos disponibles. Sin embargo, la predominancia de hombres en las listas iniciales ha generado cuestionamientos.
Un caso polémico fue el del magistrado Marco Antonio Nava y Navas, quien logró ser incluido como candidato tras un recurso legal. El Tribunal Electoral determinó que, como magistrado en funciones, tiene derecho a competir, lo que desató debates sobre la equidad en las reglas del proceso.
Entre los aspirantes a otros cargos destacan figuras como Yunuen Poza Serrano, ex titular de la Procuraduría del Menor del DIF, y Sharon Cristina Morales Martínez, comisionada de Transparencia. Estos nombres, con experiencia en el ámbito judicial y político, añaden peso a la contienda.
La elección, que culminará con la designación de la presidencia por dos años, será decisiva para el rumbo del PJEM. El proceso ha puesto en evidencia las tensiones entre los poderes del estado y la lucha por el control de una institución clave en la justicia mexiquense.
Con la Legislatura local como árbitro final, la selección de candidatos se someterá a un escrutinio público. La ciudadanía espera que el proceso sea justo y que el próximo titular del PJ paretiem fortalezca la impartición de justicia en el Estado de México.
Este proceso no solo definirá el liderazgo del Poder Judicial, sino que también reflejará el equilibrio de fuerzas políticas en la entidad. La atención está puesta en cómo se resolverán las pugnas internas y si el resultado será aceptado por todos los involucrados.