La zona en cuestión, conocida como la Reserva Roosevelt, abarca 274 kilómetros de terreno federal en Nuevo México. Este tramo, antes administrado por el Departamento del Interior, fue transferido al Departamento de Defensa como parte de una estrategia para frenar el flujo migratorio. Ahora, el área es considerada una extensión de la Guarnición del Ejército en Fort Huachuca, Arizona, lo que permite a las tropas estadounidenses detener a quienes la crucen sin autorización.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que estas acusaciones representan el primer uso masivo de una nueva ley penal que castiga el ingreso no autorizado a propiedades militares. Esta medida refuerza los esfuerzos de la administración Trump para eludir la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares en tareas de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense.
Según las autoridades, los soldados desplegados en la frontera tienen la facultad de retener temporalmente a los intrusos hasta que lleguen las agencias civiles, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sin embargo, esta militarización ha generado preocupaciones sobre los derechos de los migrantes y de los ciudadanos estadounidenses que viven cerca de la frontera, quienes también podrían enfrentar cargos similares.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó recientemente a las tropas en la frontera de Nuevo México para destacar los cambios implementados. Durante su visita, subrayó la importancia de estas medidas para fortalecer la seguridad fronteriza, aunque no abordó las críticas sobre el impacto en las comunidades locales o los riesgos para los migrantes.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma ante esta escalada en las tácticas de control migratorio. Argumentan que tratar a los migrantes como intrusos en una zona militar deshumaniza su situación y aumenta los peligros que enfrentan al intentar cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida.
La transferencia de la Reserva Roosevelt al control militar se formalizó mediante un memorando presidencial emitido por Trump, quien ha priorizado la construcción de muros y el despliegue de tropas como pilares de su política migratoria. Esta decisión se suma a otras acciones, como la expansión de caminos y la vigilancia intensiva en la frontera.
Las detenciones de los 82 migrantes se produjeron en un contexto de operativos conjuntos entre el Ejército y las autoridades migratorias. Aunque el gobierno asegura que estas medidas buscan disuadir cruces ilegales, los defensores de los migrantes advierten que solo empujan a las personas a tomar rutas más peligrosas, incrementando los riesgos de violencia y explotación.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre las políticas de seguridad fronteriza y los derechos humanos. Mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para controlar la migración, las comunidades migrantes enfrentan un panorama cada vez más hostil, con menos opciones para buscar refugio o asilo de manera segura.
La situación en la frontera sigue siendo un tema candente en el debate político estadounidense, con implicaciones que trascienden las relaciones con México y afectan la percepción global sobre el manejo migratorio. Las acusaciones contra estos 82 migrantes son solo un reflejo de un sistema que, según críticos, prioriza la represión sobre la compasión.