Un académico de la Universidad de Guadalajara ha encendido la polémica al calificar como un exceso la decisión del gobierno federal de dotar de armas de fuego a funcionarios públicos. Según el experto, esta medida, impulsada desde la Secretaría de Gobernación, carece de justificación sólida y podría agravar los problemas de inseguridad en el país.
La crítica surge tras la aprobación de un programa que permite a ciertos funcionarios federales portar armas para su “seguridad personal”. El académico, especialista en políticas públicas, argumenta que esta acción no solo es innecesaria, sino que envía un mensaje equivocado en un contexto donde la violencia armada sigue en aumento.
Datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en Jalisco, los delitos con armas de fuego han incrementado un 12% en el último año. Para el académico, armar a funcionarios sin un protocolo claro podría derivar en un uso indebido de estas herramientas, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
El experto también cuestiona la falta de transparencia en la implementación de este programa. No se ha especificado cuántos funcionarios recibirán armas, qué tipo de entrenamiento tendrán o cómo se supervisará su uso. Esta opacidad, según él, refleja una improvisación en las políticas de seguridad del gobierno federal.
Otro punto de preocupación es el impacto en la percepción ciudadana. En un país donde la confianza en las instituciones está debilitada, dotar de armas a funcionarios podría interpretarse como una medida elitista, que prioriza la seguridad de unos pocos sobre la del conjunto de la población.
El académico hace un llamado a revisar esta política y a enfocarse en estrategias integrales para combatir la inseguridad. Propone fortalecer la capacitación de las fuerzas de seguridad y regular de manera estricta el acceso a armas, tanto para funcionarios como para civiles.
En el contexto local, Jalisco enfrenta retos significativos en materia de seguridad. La presencia de grupos delictivos y el aumento de homicidios dolosos han generado alarma entre la población. Para el experto, decisiones como la de armar funcionarios solo desvían la atención de los verdaderos problemas.
La controversia ha generado debate en redes sociales, donde usuarios expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida. Organizaciones civiles también han solicitado al gobierno federal aclarar los alcances del programa y garantizar que no se convertirá en un factor de riesgo adicional.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre las políticas de seguridad del gobierno y las demandas de una sociedad que exige soluciones efectivas. La crítica del académico de la UDG resuena como un recordatorio de la necesidad de priorizar la seguridad ciudadana por encima de medidas que, lejos de resolver, podrían complicar aún más el panorama.