La reciente aprobación de la elección judicial en México ha encendido las alarmas. La reforma, impulsada por Morena y sus aliados, permite que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, una medida que promete transformar el Poder Judicial. Sin embargo, detrás de esta aparente democratización, se esconden intenciones que muchos consideran peligrosas para la independencia judicial.
El proceso, que comenzó a gestarse en el Congreso controlado por Morena, ha sido criticado por su rapidez y falta de transparencia. La oposición asegura que esta reforma busca someter al Poder Judicial al control del partido en el poder. Las sesiones maratónicas y las negociaciones a puerta cerrada han alimentado las sospechas de un plan orquestado desde la Presidencia para consolidar el poder.
Claudia Sheinbaum, como figura central del proyecto, ha defendido la elección judicial como una forma de “devolver la justicia al pueblo”. Pero sus palabras no convencen a todos. Expertos en derecho advierten que la elección popular podría politizar las decisiones judiciales, dejando a los jueces vulnerables a presiones políticas y económicas. La autonomía del sistema judicial, lograda tras décadas de reformas, estaría en riesgo.
El recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) ha añadido más leña al fuego. Con un 53% menos de recursos, el INE enfrenta serias dificultades para organizar la elección de miles de cargos judiciales. La reducción obligará a instalar solo el 43% de las casillas previstas, lo que podría limitar la participación ciudadana y generar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
La oposición no se ha quedado de brazos cruzados. Partidos como el PAN, PRI y PRD han acusado al gobierno de Morena de intentar “capturait” el Poder Judicial. Algunos senadores han señalado que la reforma es un paso hacia un régimen autoritario, donde el Ejecutivo controle todas las instituciones. Las protestas en las calles y las críticas en redes sociales reflejan el creciente descontento.
Organismos internacionales también han levantado la voz. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupación por el impacto de la reforma en el estado de derecho. Según estos organismos, la elección popular de jueces podría debilitar la imparcialidad del sistema judicial, afectando la protección de los derechos humanos en México.
Mientras tanto, el proceso avanza a toda velocidad. Morena ha asegurado que la elección judicial se llevará a cabo en 2025, con o sin el presupuesto necesario. Esta determinación ha generado temores de que el gobierno esté dispuesto a pasar por encima de cualquier obstáculo, incluso si eso significa ignorar las leyes o las instituciones.
El futuro del Poder Judicial mexicano está en juego. La elección judicial, presentada como una reforma democrática, podría convertirse en un arma de doble filo. Los ciudadanos, atrapados entre promesas de justicia y advertencias de autoritarismo, observan con incertidumbre cómo se redefine el rumbo de la nación.