En un movimiento que ha desatado controversia, el Senado de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta iniciativa, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, permite que funcionarios de empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria puedan portar armas de fuego. La decisión, respaldada por 105 votos, ha sido enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
La reforma argumenta que la seguridad de las áreas estratégicas del país es una prioridad. Según el dictamen, los funcionarios de estas instituciones podrán portar armas siempre que justifiquen su necesidad y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, la medida ha levantado cuestionamientos sobre la militarización de sectores civiles y el control de armas en el país.
Además, la reforma amplía los permisos para otros grupos. Ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo podrán poseer un rifle calibre .22 o una escopeta en sus domicilios para legítima defensa, siempre que acrediten su actividad rural. Esta disposición busca atender las necesidades de seguridad en zonas alejadas, pero también genera dudas sobre su implementación.
Otro aspecto polémico es la prohibición de armas artesanales y de fabricación tridimensional, así como el uso de vehículos blindados modificados por civiles. La reforma otorga al Ejército mexicano el control exclusivo del registro y manejo de armamento, lo que refuerza su papel en la seguridad nacional.
Las sanciones también se endurecen. Quienes introduzcan ilegalmente armas, municiones o explosivos de uso exclusivo del Ejército enfrentarán hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos. Estas medidas buscan combatir el tráfico ilícito, pero críticos señalan que no abordan las raíces de la violencia en el país.
La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, defendió la reforma. Según ella, México necesitaba una ley moderna que respondiera a la proliferación de armas hechizas y de difícil trazabilidad. Sin embargo, la falta de discusión en el pleno del Senado, donde se aprobó sin debate, ha sido criticada como una señal de opacidad.
Organizaciones de oposición, como el PAN y Movimiento Ciudadano, expresaron reservas. Aunque votaron a favor, advirtieron sobre la necesidad de revisar la política de seguridad del gobierno. El PRI, por su parte, calificó la estrategia de seguridad de Morena como un rotundo fracaso, exigiendo un cambio de fondo.
Esta reforma se suma a otras decisiones controversiales del gobierno federal. Mientras se promueve la cultura de la paz, la autorización para que funcionarios civiles porten armas genera un mensaje contradictorio. La sociedad mexicana, atrapada en un contexto de violencia, observa con preocupación estos cambios.
El futuro de esta ley ahora está en manos de la presidenta Sheinbaum. Su promulgación marcará un nuevo capítulo en la política de seguridad del país, pero también podría avivar el debate sobre el rumbo que toma México en el control de armas y la protección de sus ciudadanos.