Los usuarios del transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey están hartos. A pesar de los recientes incrementos en las tarifas, el servicio sigue siendo deficiente, con camiones en mal estado, largas esperas y rutas que no cumplen con las necesidades de la población. La promesa de un sistema de transporte digno parece cada vez más lejana.
En los últimos meses, las tarifas de los camiones verdes han subido de 13 a 15 pesos, y se espera que alcancen los 17 pesos en los próximos meses. Sin embargo, los ciudadanos no ven mejoras significativas. Muchos reportan que las unidades están fuera de servicio por fallas mecánicas o falta de mantenimiento, lo que agrava la crisis de movilidad en la ciudad.
El gobierno estatal, encabezado por Samuel García, ha reconocido los problemas, pero las soluciones no llegan. De las 3,775 unidades que conforman la flotilla, casi el 21% son camiones antiguos que no aceptan pagos electrónicos y cobran tarifas más bajas, pero su estado es deplorable. Los usuarios se preguntan: ¿dónde está el dinero de los aumentos?
Organizaciones como la “Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros” han salido a las calles a protestar. Sus manifestaciones, que incluyen bloqueos y pintas en el centro de Monterrey, reflejan la frustración de miles de personas que dependen del transporte público para ir al trabajo o la escuela. Exigen un servicio eficiente antes de cualquier nuevo ajuste tarifario.
La introducción de pagos electrónicos, como la tarjeta Me Muevo y la aplicación Urbani, pretendía modernizar el sistema. Sin embargo, muchos usuarios, especialmente adultos mayores, enfrentan dificultades para adaptarse a estas plataformas. La falta de información y el rechazo al pago en efectivo en algunas rutas han generado más molestias.
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León ha prometido reordenar rutas y renovar la flotilla, pero los avances son lentos. Mientras tanto, los ciudadanos destinan hasta el 10.8% de su salario mínimo diario al transporte, un gasto que pesa cada vez más en el bolsillo de las familias trabajadoras.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio por el aumento de tarifas, argumentando que se implementó sin la aprobación formal de la Junta de Gobierno. Este hecho ha encendido aún más el debate sobre la legalidad y la justicia de los incrementos en un contexto de servicio deficiente.
Las propuestas de subsidios, como la planteada por diputados del PRI y PRD para destinar 2,200 millones de pesos al transporte público, buscan aliviar la carga de los usuarios. Sin embargo, la falta de acuerdos y la lentitud en las decisiones mantienen a los ciudadanos en la incertidumbre.
La crisis del transporte público en Nuevo León no es solo un problema de movilidad, sino un reflejo de la falta de planeación y compromiso con los habitantes. Mientras los costos suben, la calidad del servicio se estanca, dejando a los usuarios atrapados en un sistema que no responde a sus necesidades.
Monterrey, una de las ciudades más importantes de México, merece un transporte público a la altura de sus habitantes. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo llegarán las mejoras que los ciudadanos han esperado por años?