La violencia en Jalisco no da tregua. En un nuevo capítulo de inseguridad, las autoridades han detenido a dos personas presuntamente involucradas en el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. El crimen, ocurrido el pasado 23 de abril en el fraccionamiento Las Villas de Tlajomulco, ha conmocionado a la sociedad por su crueldad y el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.
María del Carmen, de 43 años, dedicaba su vida a buscar a su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, visto por última vez en febrero de 2024. La noche del asesinato, ella y su hijo Jaime Daniel, de 26 años, fueron atacados a balazos por sujetos en motocicleta mientras acarreaban agua en su colonia, donde el servicio es irregular. Este acto de violencia dejó huérfanos a una joven de 19 años y a una niña de 10, hijas de María del Carmen.
El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha confirmado las detenciones a través de un mensaje en redes sociales. Sin embargo, la detención de los sospechosos no borra las preguntas sobre la falta de protección para las madres buscadoras, quienes enfrentan amenazas constantes en su lucha por encontrar a sus seres queridos. La Fiscalía del Estado ha señalado que se investigan tres líneas, una de ellas relacionada con la labor de María del Carmen como activista.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha exigido justicia y una investigación exhaustiva. En un comunicado, expresaron su dolor por la pérdida de su compañera, subrayando que este crimen no debe quedar impune. La líder del colectivo, Indira Navarro, señaló que María del Carmen había recibido amenazas previas, lo que agrava la percepción de desamparo para quienes buscan a desaparecidos en el estado.
La respuesta inicial de la Fiscalía generó controversia al descartar que el asesinato estuviera vinculado con el activismo de María del Carmen. Tras críticas de organizaciones de derechos humanos, las autoridades rectificaron y ahora consideran esta posibilidad como una línea de investigación. Este cambio de postura ha avivado el debate sobre la seriedad con la que se aborda la seguridad de los colectivos de búsqueda.
El caso de María del Carmen no es aislado. En marzo, otra buscadora, Teresa González Murillo, fue asesinada en Guadalajara. Estos hechos evidencian el riesgo que enfrentan quienes se atreven a buscar respuestas en un contexto de violencia e impunidad. Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado el asesinato y exigido medidas urgentes para proteger a los activistas.
La inseguridad en Jalisco sigue siendo un tema candente. A pesar de las detenciones, la sociedad cuestiona la efectividad de las estrategias del gobierno estatal para frenar la violencia. Tlajomulco, un municipio conurbado a Guadalajara, ha sido escenario de múltiples actos delictivos, y los habitantes exigen acciones concretas para recuperar la tranquilidad.
El doble homicidio ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios han compartido mensajes de solidaridad con el colectivo Guerreros Buscadores. La tragedia de María del Carmen y Jaime Daniel es un recordatorio de la crisis de desapariciones en México y del peligro que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos sin descanso.
Las autoridades han prometido que no habrá impunidad, pero las detenciones son solo un primer paso. La sociedad espera que este caso marque un precedente y que se implementen medidas reales para proteger a las madres buscadoras, cuya valentía contrasta con la indiferencia de un sistema que parece desbordado por la violencia.