Donald Trump ha marcado sus primeros 100 días en la Casa Blanca con una agresiva política migratoria que amenaza con desestabilizar el sistema constitucional de Estados Unidos. Desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, el presidente ha firmado más de 170 decretos, muchos enfocados en restringir la inmigración y acelerar deportaciones, desatando un torbellino de controversias legales y sociales.
La administración Trump ha intensificado las redadas migratorias, duplicando los arrestos diarios de migrantes en comparación con el gobierno de Joe Biden. Según el Migration Policy Institute, los arrestos pasaron de un promedio de 310 a más de 650 por día. Sin embargo, las deportaciones masivas prometidas no se han materializado al ritmo esperado, dejando a más de medio millón de personas en un limbo legal.
Una de las medidas más polémicas ha sido el uso de la base naval de Guantánamo para detener a migrantes. En febrero, 178 venezolanos fueron trasladados allí antes de ser deportados a Venezuela, generando críticas de organismos internacionales. Actualmente, 45 personas permanecen detenidas en la base, según reportes de The New York Times, en un movimiento que ha sido calificado como una violación de los derechos humanos.
Trump también ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra, para justificar la expulsión de cientos de migrantes, principalmente venezolanos, hacia una megacárcel en El Salvador. Este uso sin precedentes de la ley ha provocado enfrentamientos con jueces federales, quienes han advertido que estas acciones podrían debilitar la separación de poderes en el país.
La retórica de “mano dura” de la administración se ha reflejado en campañas publicitarias intimidantes. Un spot de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amenaza con “cazar” a los migrantes que crucen ilegalmente, generando tensiones diplomáticas con México. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una iniciativa para prohibir este tipo de propaganda extranjera en territorio mexicano.
A pesar de la reducción del 95% en los cruces fronterizos, con solo 7,181 encuentros registrados en marzo de 2025, la estrategia de Trump ha sembrado temor en las comunidades migrantes. Casos como el de Kilmar Abrego García, un inmigrante legal deportado por error y encarcelado en El Salvador, han puesto en evidencia la arbitrariedad de estas políticas.
El gobierno de Trump también ha enfrentado resistencia judicial. Más de 200 demandas legales han sido presentadas contra sus decretos, desde medidas antimigrantes hasta intentos de desmantelar agencias federales. Jueces federales han suspendido varias órdenes ejecutivas, argumentando que violan la Constitución, lo que ha llevado a la Casa Blanca a atacar públicamente al poder judicial.
La Casa Blanca celebra estos 100 días como un éxito, destacando la caída en los cruces fronterizos y el endurecimiento de la seguridad. Sin embargo, las encuestas reflejan un creciente descontento: el índice de aprobación de Trump es de solo 39%, el más bajo para un presidente en este punto en 80 años, según una encuesta de Washington Post/ABC News.
Las tensiones no se limitan al ámbito migratorio. Trump ha forzado los límites del poder ejecutivo con una guerra comercial y aranceles impuestos a socios como México y Canadá, generando incertidumbre económica global. Sus críticos advierten que estas acciones podrían erosionar la confianza en Estados Unidos como líder internacional.
A medida que Trump avanza con su agenda, el país se encuentra en una encrucijada. La combinación de políticas migratorias extremas, desafíos legales y una retórica divisiva ha puesto a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional, con un futuro incierto para millones de migrantes y para la estabilidad del sistema democrático.