El caso de Damazo N, exentrenador de gimnasia acusado de abuso sexual en Nuevo León, sigue dando de qué hablar tras múltiples retrasos en las audiencias. La Fiscalía General del Estado ha tomado una medida drástica: solicitar la asignación de un abogado de oficio para evitar más demoras en el proceso judicial.
Damazo N ha cambiado de abogados en repetidas ocasiones, lo que ha generado la postergación de al menos dos audiencias iniciales. Esta estrategia ha sido calificada por las víctimas como una táctica dilatoria para retrasar la vinculación a proceso, manteniendo la incertidumbre en un caso que ha conmocionado a la sociedad.
Las acusaciones contra Damazo N surgieron tras las denuncias de varias gimnastas, quienes relataron en redes sociales los abusos que habrían sufrido durante años. Las jóvenes, entre ellas Fernanda López y Camila Flores, señalaron que los actos ocurrieron en el gimnasio Klass Gym, donde Damazo trabajaba como entrenador.
El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE) reaccionó rápidamente al caso, destituyendo a Damazo de su cargo. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante el INDE, lo que ha complicado el avance del proceso en su etapa inicial.
La Fiscalía argumenta que la asignación de un defensor de oficio es necesaria para garantizar que las audiencias se lleven a cabo sin más interrupciones. Esta decisión busca priorizar la justicia para las víctimas, quienes han expresado su frustración por la lentitud del sistema judicial.
El caso ha generado indignación en la comunidad, especialmente entre padres de familia y deportistas, que exigen mayor vigilancia en los espacios deportivos. Las acusaciones han puesto en el centro del debate la seguridad de los menores en entornos que deberían ser seguros.
A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, el proceso sigue enfrentando obstáculos. La nueva audiencia está programada para la próxima semana, pero persiste la preocupación de que el caso pueda prolongarse aún más, dejando a las víctimas sin respuestas claras.
La asignación de un abogado de oficio marca un intento por agilizar un caso que ha evidenciado las fallas del sistema judicial en casos de abuso. La sociedad de Nuevo León permanece atenta, esperando que la justicia actúe con la prontitud que las víctimas merecen.