El Senado de México ha puesto en pausa la controvertida Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para someterla a un escrutinio público. A partir del 8 de mayo, se realizarán conversatorios que prometen analizar a fondo esta iniciativa, envuelta en críticas por su potencial para restringir libertades digitales.
La decisión llega tras una ola de cuestionamientos al artículo 109 de la ley, que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facultades para bloquear plataformas digitales y redes sociales sin criterios claros. Organizaciones y ciudadanos han advertido que esto podría derivar en censura, un temor que el gobierno de Morena busca disipar con estas mesas de diálogo.
Los conversatorios, programados del 8 al 22 de mayo, abordarán temas clave como políticas de telecomunicaciones, acceso al espectro radioeléctrico, servicios digitales, radiodifusión pública y derechos de los usuarios. Se espera la participación de concesionarios de radio y televisión, académicos, creadores de contenido y expertos, aunque la lista de invitados aún no se ha hecho pública.
Un punto central de la discusión será la concentración de poder en la Agencia Digital, que asumiría funciones antes asignadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo. Críticos, como el senador Ricardo Anaya del PAN, han calificado esta medida como un retroceso a los años 80, cuando el gobierno controlaba directamente las concesiones y contenidos.
La oposición ha bautizado la iniciativa como “Ley Censura”, argumentando que podría permitir al gobierno de Morena controlar la narrativa en medios, redes sociales e internet. Las protestas no se han hecho esperar: el 28 de abril, unas 250 personas se manifestaron frente al Senado, exigiendo un parlamento abierto y la eliminación del artículo 109.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, ha insistido en que el objetivo es abrir el diálogo y garantizar que no haya censura. Sin embargo, figuras como Gerardo Fernández Noroña han dejado claro que no se modificará el núcleo de la propuesta presidencial, lo que genera dudas sobre la profundidad de los cambios.
Otro aspecto polémico es la posible reintroducción de un registro de usuarios de telefonía móvil, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional en 2022. Expertos advierten que esto podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos sin una justificación clara.
La Agencia Digital también tendría la facultad de emitir lineamientos para bloquear plataformas, ignorando estándares internacionales sobre libertad de expresión. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la ley, tal como está redactada, podría usarse para restringir contenidos críticos bajo pretextos vagos.
El Senado ha prometido que los conversatorios serán transparentes, con transmisiones en el Canal del Congreso y cobertura mediática. Sin embargo, la presión pública y las críticas internacionales, incluyendo voces de la ONU, han obligado al gobierno a replantear su estrategia para evitar acusaciones de autoritarismo.
La batalla por la Ley Telecom apenas comienza. Los próximos días serán cruciales para determinar si el gobierno de Sheinbaum logra convencer a la sociedad de que su propuesta no amenaza la libertad de expresión ni concentra un poder excesivo en manos de una agencia controlada por el Ejecutivo.