México enfrenta una crisis silenciosa que roba el futuro de miles de niñas y adolescentes. Según datos recientes, el país ocupa el segundo lugar en América Latina en matrimonios infantiles, una práctica que perpetúa la desigualdad y vulnera los derechos de las infancias. Más de 10 millones de niñas y adolescentes se han casado o unido antes de los 18 años, una cifra que expone la magnitud del problema.
La información, destacada en un foro por el Día de la Niñez, señala que esta práctica no solo persiste, sino que se agrava por la falta de cooperación interinstitucional. Organismos como la ONU han urgido al gobierno mexicano a tomar medidas concretas para erradicar los matrimonios infantiles, que afectan desproporcionadamente a las niñas en comunidades vulnerables.
La pobreza es uno de los principales motores de esta problemática. En muchas familias, el matrimonio temprano se ve como una solución económica, una práctica que condena a las niñas a ciclos de desigualdad, abandono escolar y embarazos adolescentes. La pandemia agravó esta situación, al incrementar la precariedad económica en los hogares.
A pesar de los avances legales, como la prohibición de los matrimonios infantiles en México desde 2019, la realidad dista de ser ideal. En estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, las uniones tempranas siguen siendo comunes, a menudo justificadas por usos y costumbres. Estas prácticas, lejos de ser tradiciones inofensivas, limitan el desarrollo y la libertad de las niñas.
Datos alarmantes muestran una reducción en la maternidad en menores de 15 años, que pasó de 10 mil 500 casos en 2019 a 8 mil 881 en 2024. Sin embargo, esta disminución es insuficiente frente a la magnitud del problema. Las adolescentes casadas o en uniones dedican hasta 40 horas semanales a labores domésticas, una carga que las aleja de la educación y las condena a la dependencia.
La ONU y otras organizaciones han señalado que permanecer en la escuela es la mejor estrategia para prevenir los matrimonios infantiles. Sin embargo, el cierre de escuelas durante la pandemia y la falta de acceso a la educación en zonas rurales han incrementado el riesgo de uniones tempranas. La educación secundaria sigue siendo un lujo para muchas niñas.
En el ámbito legislativo, México ha dado pasos importantes. Desde la reforma al Código Penal Federal, el matrimonio forzado de menores puede castigarse con hasta 18 años de cárcel. No obstante, la aplicación de estas leyes es inconsistente, especialmente en comunidades donde las autoridades locales hacen la vista gorda.
El panorama es claro: sin una acción coordinada entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales, México seguirá atrapado en esta crisis. La erradicación de los matrimonios infantiles no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una necesidad para construir un futuro donde las niñas puedan soñar sin restricciones.