La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el ojo del huracán tras el controvertido caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En su conferencia matutina del 30 de abril, aseguró que “no quedará nada en la oscuridad” y que la verdad sobre este supuesto centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) saldrá a la luz. Sin embargo, sus palabras chocan con la indignación de las madres buscadoras, quienes acusan al gobierno de encubrir pruebas.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrió el rancho en marzo, denunció haber encontrado restos humanos, ropa y cientos de objetos personales. Pero la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, afirmó que no hay pruebas de que el lugar fuera un crematorio, desatando la furia de las familias. Las madres aseguran que las autoridades “limpiaron” el predio antes de un recorrido para medios, dejando el lugar sin indicios.
Sheinbaum insistió en que la FGR es autónoma y que ella, como el resto de los mexicanos, solo conoció los resultados a través de la comunicación oficial del fiscal. No obstante, su postura no convence a las madres buscadoras, quienes exigen ser escuchadas. En una carta dirigida a la presidenta, el colectivo expresó su confianza en su liderazgo, pero también señaló que hay “mucha gente coludida” y que enfrentan amenazas por su búsqueda de justicia.
El caso Teuchitlán ha expuesto la crisis de desapariciones en México, con más de 120,000 personas no localizadas desde la década de 1960. Jalisco, en particular, es el estado con más casos, donde los jóvenes son reclutados por el crimen organizado, ya sea con engaños o por la fuerza. Las madres buscadoras han tomado el rol de investigadoras, enfrentándose tanto a los cárteles como a la indiferencia de las autoridades.
La respuesta del gobierno ha sido cuestionada. La FGR organizó un recorrido en el rancho que las buscadoras calificaron de “circo” y “burla”. Según ellas, el lugar fue alterado, y los indicios que encontraron, como 400 pares de zapatos y restos óseos, desaparecieron antes de la visita. Las familias acusan a las autoridades de tapar la verdad para minimizar la gravedad del caso.
Sheinbaum prometió seguir recibiendo a las madres buscadoras y pidió a la Secretaría de Gobernación reunirse con ellas para revisar su información. Sin embargo, las familias exigen acciones concretas, no solo palabras. “Queremos justicia, no museos”, reclamó Virginia Ponce, líder de Madres Buscadoras de Jalisco, refiriéndose a la supuesta manipulación del rancho para los medios.
El escándalo ha generado críticas internacionales. Organizaciones como la Alianza Internacional de Mujeres Feministas han pedido a la ONU y la OEA vigilar las investigaciones, señalando que los hallazgos en Teuchitlán podrían ser crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, las madres buscadoras enfrentan amenazas de cárteles y el desprestigio de algunos medios y políticos.
La presión sobre Sheinbaum crece. Aunque niega que Teuchitlán sea el “talón de Aquiles” de su gobierno, el caso pone en duda su compromiso con las víctimas. Las madres buscadoras, con su valentía, han destapado una herida que el gobierno no puede ignorar. La pregunta sigue en el aire: ¿habrá verdad y justicia, o solo promesas vacías?