La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desatado una ola de críticas tras revelar una instrucción que ha dejado a muchos atónitos. Según sus propias declaraciones, ha ordenado a su gabinete de seguridad evitar cualquier tipo de confrontación directa con los grupos criminales que operan en el país. Esta decisión, tomada en un contexto de creciente violencia, ha generado un intenso debate sobre la estrategia del gobierno frente a la inseguridad.
En un país donde los índices de violencia no ceden, la postura de Sheinbaum parece contradecir las expectativas de una lucha frontal contra el crimen organizado. Los cárteles, que controlan vastas zonas del territorio, continúan sembrando temor entre la población. La instrucción de no perseguirlos directamente ha sido interpretada por muchos como una señal de debilidad, alimentando las críticas hacia la administración de Morena.
La declaración de la presidenta se produce en un momento en que los reportes de asesinatos, secuestros y extorsiones están en aumento. En estados como Guerrero, Michoacán y Sinaloa, la presencia de grupos criminales es cada vez más visible. Los ciudadanos, que esperaban una respuesta contundente, ahora se preguntan si esta estrategia representa una rendición tácita ante el poder de los narcos.
Analistas y opositores no han tardado en reaccionar. Algunos señalan que esta decisión podría ser un intento de reducir las cifras de enfrentamientos violentos, pero a costa de ceder terreno a los delincuentes. Otros, más críticos, acusan al gobierno de priorizar la imagen política sobre la seguridad de los mexicanos, dejando a las fuerzas del orden en una posición vulnerable.
La instrucción de Sheinbaum también ha puesto en el centro del debate el papel de las fuerzas armadas. La Guardia Nacional, creada como una de las principales apuestas de seguridad del gobierno, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su capacidad para combatir el crimen sin enfrentarse directamente a los grupos delictivos. La falta de claridad en la estrategia ha generado incertidumbre entre los propios elementos de seguridad.
En redes sociales, la indignación no se ha hecho esperar. Cientos de usuarios han expresado su frustración, calificando la medida como una traición a la promesa de un México seguro. Los memes y comentarios críticos se han multiplicado, reflejando el descontento de una población que se siente abandonada ante la escalada de violencia.
El historial de Sheinbaum, ligada a Morena desde sus inicios, no ayuda a calmar las aguas. Su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México ya había sido criticada por problemas de inseguridad, y ahora, como presidenta, parece seguir un camino que muchos consideran erróneo. La pregunta que resuena es: ¿hasta dónde llegará esta política de no confrontación?
Mientras tanto, el crimen organizado no da tregua. Los reportes de comunidades enteras bajo el control de los cárteles son cada vez más frecuentes. La decisión de la presidenta, lejos de traer calma, ha encendido las alarmas sobre el futuro de la seguridad en México.
Este episodio pone en evidencia las dificultades del gobierno para articular una estrategia efectiva contra la delincuencia. Con un panorama tan complejo, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas, pero la instrucción de no confrontar a los criminales parece ir en dirección opuesta.
El debate está lejos de terminar. La postura de Sheinbaum ha abierto una herida en la confianza de los mexicanos, y el tiempo dirá si esta decisión fue un error histórico o un cálculo estratégico. Por ahora, la inseguridad sigue siendo el mayor desafío para un gobierno que parece incapaz de controlarla.