El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un movimiento impulsado por Morena que ha desatado críticas por sus posibles consecuencias. La iniciativa, enviada al Ejecutivo para su promulgación, permite que funcionarios de empresas públicas como Pemex, CFE, Banxico y el SAT puedan portar armas, supuestamente para cumplir con tareas de seguridad.
La reforma, presentada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, también autoriza a ejidatarios, comuneros y jornaleros a poseer armas como escopetas o rifles calibre .22 para su defensa personal. Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían facilitar el acceso a armas sin controles estrictos, aumentando los riesgos de violencia en el país.
Uno de los puntos más controversiales es la exclusión de la Secretaría de Gobernación en la regulación de armas, dejando todo el control en manos del Ejecutivo y la Sedena. Este cambio concentra aún más poder en el gobierno federal, lo que ha generado sospechas sobre las verdaderas intenciones de Morena detrás de esta reforma.
Además, la iniciativa endurece sanciones por tráfico de armas y establece multas más altas, pero no aborda el problema de fondo: el ingreso ilegal de casi 213 mil armas al año, principalmente por la frontera norte. La falta de estrategias claras para combatir este flujo ha sido señalada como una grave omisión por expertos en seguridad.
La reforma también regula el uso de armas en actos cívicos y culturales, además de permitir a deportistas de tiro o cacería transportar sus armas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, estos cambios parecen insuficientes frente a la creciente ola de violencia que azota al país, donde el 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego.
Organizaciones civiles y asociaciones como la Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego han expresado su preocupación, argumentando que la reforma podría limitar el derecho de los ciudadanos a defenderse, mientras se otorga más poder a funcionarios ligados al gobierno. La unanimidad en el Senado, con 105 votos a favor, no ha silenciado las voces que cuestionan la transparencia de este proceso.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, que ahora deberá promulgar esta ley, enfrenta un nuevo reto: convencer a la ciudadanía de que estas medidas no son un paso hacia la militarización o el control político. La falta de claridad en cómo se implementarán estas disposiciones solo alimenta la desconfianza.
Mientras tanto, México sigue atrapado en una crisis de inseguridad que no da tregua. La pregunta que queda en el aire es si esta reforma realmente fortalecerá la seguridad o si, por el contrario, será otro error del oficialismo que pagaremos todos.