El Estado de México se posiciona como la entidad con más solicitudes para ser observadores electorales en la próxima elección judicial del 1 de junio, pero también encabeza la lista de rechazos. Según el Instituto Nacional Electoral, de las 136 mil solicitudes recibidas a nivel nacional, Edomex concentra el mayor número de negativas, con 1,790 casos. Esto ha generado preguntas sobre la transparencia y los criterios aplicados en el proceso.
El informe del INE revela que el 92.99% de las solicitudes rechazadas en el estado se debe a que los aspirantes son militantes de partidos políticos o servidores públicos ligados a programas sociales. Este dato ha levantado sospechas, especialmente porque el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, ha promovido activamente la participación de funcionarios como observadores. La coincidencia entre esta promoción y los rechazos masivos no ha pasado desapercibida.
La elección judicial, que busca renovar cargos en el Poder Judicial, ha despertado un interés sin precedentes. A nivel nacional, se han registrado más de 136 mil solicitudes para ser observadores, un número mucho mayor al de la elección presidencial de 2024. Sin embargo, en Edomex, el alto volumen de rechazos pone en duda si todos los interesados cumplen con los requisitos o si hay un intento de manipulación en el proceso.
El gobierno de Delfina Gómez ha exhortado a sus funcionarios a inscribirse como observadores, lo que ha generado críticas. Analistas como Jorge Alcocer han señalado que esta estrategia podría ser una maniobra para infiltrar operadores políticos en las casillas. La idea, según estas versiones, sería influir en el voto o reportar información al partido en el poder, algo que el INE prohíbe tajantemente.
El INE ha establecido reglas claras: ningún servidor público vinculado a programas sociales o militante activo de un partido puede ser observador. En Edomex, estas restricciones han llevado a que miles de solicitudes sean desechadas. A pesar de esto, el estado ya cuenta con más de 6 mil observadores acreditados, lo que lo coloca como líder nacional en este rubro.
Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado preocupación por la falta de claridad en el proceso. Mientras que el INE defiende que los rechazos son parte de un filtro necesario para garantizar la imparcialidad, hay quienes ven en estas cifras un intento de limitar la participación ciudadana. La desconfianza crece en un contexto donde la elección judicial ya es objeto de controversia.
A nivel local, el Instituto Electoral del Estado de México ha insistido en que los observadores acreditados recibirán capacitación para supervisar el proceso de manera profesional. Sin embargo, el hecho de que el gobierno estatal haya enviado correos desde la Unidad de Género y Derechos Humanos para promover la inscripción de observadores ha generado más preguntas que respuestas.
El próximo 7 de mayo es la fecha límite para inscribirse como observador. Mientras tanto, el Estado de México sigue en el centro de la atención, no solo por su alta participación, sino por las sombras que rodean los rechazos masivos. La elección judicial será un termómetro para medir la transparencia de los procesos electorales en el país.