El Congreso de Nuevo León dio un paso importante al aprobar la creación de una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Esta nueva institución busca fortalecer la protección del medio ambiente en un estado donde la contaminación y los delitos ecológicos son un problema creciente.
La iniciativa, presentada por la diputada Ivonne Álvarez, fue aprobada por unanimidad. Con esta reforma, cualquier persona podrá denunciar delitos ambientales, lo que amplía la participación ciudadana en la defensa del entorno natural.
La Fiscalía Ambiental tendrá la tarea de investigar y sancionar actividades que dañen el medio ambiente, como la contaminación industrial o la tala ilegal. Esto responde a la preocupación por los altos índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.
Datos oficiales muestran que, en 2024, se registraron 37 delitos ambientales en Nuevo León, una cifra baja en comparación con la intensa actividad industrial del estado. Sin embargo, el aumento de casos en 2025, con 88 delitos reportados hasta marzo, refleja la urgencia de esta medida.
La creación de esta fiscalía también fortalece la estructura de la Fiscalía General de Justicia. Las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía garantizan que la nueva institución cuente con recursos y personal especializado para actuar con eficacia.
Ambientalistas y ciudadanos han señalado que la actual Procuraduría de Medio Ambiente carece de autoridad para imponer castigos efectivos. La nueva fiscalía busca llenar este vacío, dando un enfoque más robusto a la justicia ambiental.
El secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, ha destacado la necesidad de coordinar esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad para reducir la contaminación. La Fiscalía Ambiental será un pilar clave en esta estrategia integral.
Esta reforma llega en un momento crítico, cuando municipios como Cadereyta enfrentan picos de contaminantes como el dióxido de azufre. La ciudadanía espera que la nueva fiscalía marque una diferencia real en la calidad del aire y la protección de los recursos naturales.
La implementación de la Fiscalía Ambiental dependerá de la asignación de presupuesto y la capacitación de su personal. Las autoridades han prometido actuar con rapidez para que la institución esté operativa lo antes posible.
Nuevo León se posiciona así como un referente en la lucha contra los delitos ambientales, respondiendo a las demandas de una población cada vez más consciente de la importancia de cuidar el entorno.