En un nuevo capítulo de la ola de violencia que azota México, los cárteles de Sinaloa y La Unión Tepito han extendido su reinado de terror en Morelos, donde extorsionan a transportistas públicos con total impunidad. Los grupos criminales obligan a los operadores a pagar cuotas a cambio de “protección”, marcando sus vehículos con calcomanías de un oso armado para identificar a quienes cumplen con sus demandas.
El secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó que estas organizaciones operan en la zona oriente del estado, particularmente en municipios como Cuautla, Yautepec, Totolapan y Tlayacapan. La situación ha escalado al punto de que la Ruta 14, que conecta varias comunidades, suspendió sus operaciones tras un ataque armado contra una de sus unidades, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte.
Las calcomanías, que muestran un oso con dos armas largas, no solo sirven como distintivo de pago, sino como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar a los criminales. Según reportes, los transportistas que se niegan a pagar enfrentan amenazas, agresiones e incluso la quema de sus vehículos, lo que ha generado un clima de miedo en la región.
A pesar de los operativos interinstitucionales desplegados por las autoridades, la respuesta del gobierno parece insuficiente. Urrutia admitió que algunos concesionarios han cedido a las extorsiones, entregando dinero a los criminales, lo que refleja la falta de confianza en las instituciones y la incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La presencia de La Unión Tepito y el Cártel de Sinaloa en Morelos no es nueva. Desde 2023, ambos grupos han formado una alianza conocida como Los Tepiteños o Gente Nueva, dedicada a actividades como el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas. Esta coalición ha fortalecido su control en la región, aprovechando la aparente debilidad de las autoridades locales.
El impacto de estas extorsiones va más allá de los transportistas. Los usuarios del transporte público enfrentan interrupciones en el servicio, lo que afecta su movilidad y calidad de vida. Comercios locales, como restaurantes y tortillerías, también han sido blanco de cobros de “piso”, lo que agrava la crisis económica en la zona.
Las autoridades han identificado a líderes criminales como Júpiter Araujo Bernal, alias “El Barbas”, y a un operador conocido como “El Milton”, ligados a estas actividades. Sin embargo, las investigaciones no han logrado desmantelar las redes de extorsión, y los operativos para retirar las calcomanías de los vehículos no han sido suficientes para frenar la violencia.
La situación en Morelos es un reflejo del colapso en la estrategia de seguridad a nivel nacional. Mientras los cárteles operan con descaro, los ciudadanos quedan atrapados en un ciclo de miedo e inseguridad, sin que se vislumbre una solución efectiva por parte de las autoridades.
Este escenario pone en entredicho la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y combatir al crimen organizado. La pregunta que resuena en Morelos es clara: ¿hasta cuándo seguirán los cárteles marcando el ritmo de la vida en el estado?