El Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, está en el centro de la controversia en Guadalajara. El Ayuntamiento tapatío, encabezado por Verónica Delgadillo, ha iniciado una remodelación de este icónico espacio público, con una inversión de 23 millones de pesos. La obra, que se extenderá por cinco meses, busca preparar el lugar para el FIFA Fan Fest del Mundial 2026, cuando la ciudad será sede de este evento global. Sin embargo, las autoridades municipales han enfrentado críticas por la falta de comunicación con los comerciantes que dependen del parque para su sustento.
La Cámara de Comercio de Guadalajara ha respaldado el proyecto, argumentando que la renovación del Parque Rojo fortalecerá la imagen urbana de la ciudad. Según el organismo, esta intervención es clave para posicionar a Guadalajara como un destino atractivo para los turistas que llegarán en 2026. La rehabilitación incluye mejoras en luminarias, bancas, fuentes, pisos y áreas verdes, respetando el arbolado existente y atendiendo líneas hidráulicas. Además, se busca garantizar espacios seguros para los peatones, especialmente en la estación Juárez del Tren Ligero.
Por su parte, los comerciantes del Parque Rojo han expresado su indignación. Más de mil 250 vendedores, muchos de ellos sin permisos oficiales, fueron desplazados tras el cierre del parque el pasado 24 de abril. Las mallas ciclónicas que ahora rodean el espacio han generado protestas, ya que los tianguistas aseguran que no fueron notificados con suficiente tiempo. El sábado pasado, incluso bloquearon avenidas como Federalismo y Juárez, instalando sus puestos en la vía pública como medida de presión.
Margarita Valle, jefa de la Oficina de la Secretaría General de Guadalajara, afirmó que el municipio ya había informado a los comerciantes sobre las obras. Para mitigar el impacto, se ha propuesto una mesa de diálogo con los afectados, programada para buscar alternativas. Algunos vendedores con permisos para el Tianguis Cultural podrán regresar a sus espacios, pero aquellos sin regularización enfrentan incertidumbre. La autoridad ofreció explorar otras ubicaciones, aunque los comerciantes exigen soluciones inmediatas.
La remodelación del Parque Rojo forma parte de un plan más amplio para embellecer el Centro Histórico de Guadalajara. Con una inversión conjunta de 450 millones de pesos, de los cuales 100 millones provienen del Ayuntamiento y 350 millones del Gobierno de Jalisco, se planea intervenir espacios emblemáticos como La Minerva y diversas plazas públicas. Este esfuerzo busca proyectar una imagen moderna y funcional de la ciudad de cara al Mundial 2026, un evento que atraerá miles de visitantes.
Sin embargo, la cohesión de los comerciantes desplazados preocupa a las autoridades. Muchos de ellos forman parte de una comunidad autogestiva que ha operado en el parque durante cinco años. Iniciativas como “La Mercadita”, liderada por mujeres vulnerables, destacan por su modelo solidario, donde no se cobran cuotas y se apoya a los más necesitados con despensas o medicamentos. Este sentido de comunidad ha fortalecido su resistencia ante el cierre del parque.
Las protestas han dejado claro el arraigo de los vendedores al Parque Rojo. Carteles colgados en las mallas expresan su frustración: “No somos delincuentes, solo queremos trabajar” o “Con esto pagaba mis estudios”. Los comerciantes denuncian que, tras años pidiéndole al Ayuntamiento regularización, ahora enfrentan un desplazamiento sin alternativas claras. La falta de socialización de la obra ha sido un punto crítico en las críticas hacia el gobierno municipal.
El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, defendió el proyecto, asegurando que las mejoras respetarán la esencia histórica del parque. Sin embargo, la tensión con los comerciantes no cede. La alcaldesa Verónica Delgadillo enfrenta el desafío de equilibrar la modernización de Guadalajara con las necesidades de una comunidad que ve en el Parque Rojo no solo un lugar de trabajo, sino un espacio de identidad y solidaridad.
La controversia del Parque Rojo refleja un dilema mayor: el desarrollo urbano frente a las necesidades de los sectores vulnerables. Mientras la Cámara de Comercio celebra la renovación como un paso hacia el futuro, los comerciantes desplazados exigen ser escuchados. El diálogo prometido por el Ayuntamiento será crucial para determinar si este proyecto logrará un equilibrio entre la modernización y la inclusión social.