La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo que busca combatir el turismo sexual infantil, un problema alarmante en México. La nueva legislación obliga a los prestadores de servicios turísticos a tomar medidas estrictas para proteger a niñas, niños y adolescentes.
México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, solo por detrás de Tailandia. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que cerca de 600 mil depredadores sexuales viajan al país cada año, aprovechando la laxitud en los controles y la impunidad en destinos turísticos.
La reforma establece que los hoteles, agencias de viajes y otros servicios turísticos deberán exigir a los turistas que viajen con menores de edad acreditar su parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia mediante documentos oficiales. Esta medida busca identificar posibles casos de explotación infantil desde el primer contacto.
En caso de que un turista no pueda comprobar su relación con el menor, los prestadores de servicios están obligados a negar el servicio y notificar de inmediato a las autoridades. Esta acción permitirá a las fiscalías actuar rápidamente ante cualquier sospecha de delito contra menores.
La iniciativa, impulsada por la diputada Tania Palacios, también obliga a los prestadores turísticos a implementar protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes. Estos protocolos incluyen revisiones previas a la prestación de servicios, ya sea en persona o a través de plataformas electrónicas.
Datos alarmantes respaldan la urgencia de esta reforma. Según la red mundial ECPAT, México es considerado un “paraíso” para pedófilos, con destinos como Playa del Carmen y Cancún señalados como puntos críticos donde operan redes de explotación sexual infantil, a menudo en hoteles de lujo.
A pesar de la aprobación unánime, la reforma ahora pasa al Senado para su revisión y eventual ratificación. Si se convierte en ley, representará un paso significativo para combatir un delito que afecta a miles de menores en el país, aunque persisten dudas sobre su implementación efectiva.
El aumento de la explotación sexual infantil en México refleja una crisis de seguridad que no ha sido atendida con la contundencia necesaria. La falta de acción previa de las autoridades ha permitido que el problema crezca, dejando a los menores en una situación de vulnerabilidad extrema.
La reforma también busca cambiar la cultura en el sector turístico, promoviendo la responsabilidad de los prestadores de servicios en la protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacitación y el compromiso de las autoridades locales.
Mientras México enfrenta este grave problema, la aprobación de la reforma es un intento por recuperar la seguridad de los menores en los destinos turísticos. La sociedad espera que las autoridades refuercen la vigilancia y castiguen con severidad a quienes perpetúan estos delitos.