El Senado de México ha dado un paso contundente al presentar su primera impugnación contra candidaturas al Poder Judicial presuntamente vinculadas al narcotráfico. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, anunció que el recurso, registrado con el folio INE-JETG/97/2025, busca frenar a aspirantes que no cumplen con los requisitos de idoneidad. La acción se centra en un puñado de candidatos señalados por su historial de defensa legal de narcotraficantes.
La impugnación, presentada el 28 de abril, cuestiona el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que verificó a los aspirantes. Según Noroña, las candidaturas impugnadas son excepcionales, pero la información que circula en redes sociales ha encendido las alarmas. El Senado argumenta que estos perfiles no deberían participar en la elección judicial del 1 de junio, un proceso clave para renovar jueces, magistrados y ministros.
El caso destapa fallas en los filtros de selección. Aunque los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron miles de candidaturas, algunos perfiles cuestionables lograron colarse. Por ejemplo, se han identificado casos como el de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Fernando Escamilla, defensor de Miguel Ángel Treviño, alias “Z-40”. Estos nombres han generado indignación y críticas al proceso.
Noroña ha sido claro: no se trata de un veto arbitrario, sino de garantizar que los futuros jueces cumplan con la probidad exigida por la Constitución. Sin embargo, no reveló nombres específicos para evitar violar la ley electoral. La opacidad en torno a los candidatos impugnados ha generado sospechas y críticas, especialmente porque sus nombres ya están en las boletas electorales.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, ha señalado que la responsabilidad de retirar candidaturas recae en el Senado y el Tribunal Electoral. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, aclaró que el instituto no puede actuar directamente. Esta postura ha avivado el debate sobre la eficacia de las instituciones para garantizar un proceso limpio y transparente.
La magistrada María Emilia Molina, exintegrante del Comité de Evaluación, apuntó al Senado como responsable de las reglas que permitieron estas fallas. Según Molina, la revisión de miles de candidaturas era una tarea titánica, y las decisiones finales recayeron en el Legislativo. Sus declaraciones han intensificado las acusaciones de negligencia en el proceso.
El senador Ricardo Anaya, del PAN, ha ido más lejos al calificar la elección judicial como una “narcoelección”. Anaya exigió cancelar los comicios, argumentando que la presencia de candidatos ligados al crimen organizado vicia el proceso de raíz. Sus palabras reflejan la preocupación de la oposición ante un posible debilitamiento del Poder Judicial.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la posibilidad de invalidar candidaturas que no cumplan con los requisitos. En una conferencia reciente, sugirió que el Tribunal Electoral podría tomar medidas cautelares. Sin embargo, su intervención no ha acallado las críticas que señalan al gobierno de Morena por no prevenir este escándalo.
El proceso electoral del 1 de junio está en la mira. La impugnación del Senado busca corregir el rumbo, pero el tiempo apremia. Aunque los nombres de los candidatos impugnados permanecerán en las boletas, su elegibilidad está en duda, lo que podría generar confusión entre los votantes.
Este episodio pone en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado y la fragilidad de los mecanismos de selección. A medida que se acerquen las elecciones, la presión crecerá para garantizar que el Poder Judicial no quede en manos de figuras vinculadas al crimen organizado. México observa con atención.