El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su total respaldo a las investigaciones lideradas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. En una declaración reciente, Lemus aseguró que confía plenamente en la actuación de la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos en este controversial predio, señalado como un posible centro de actividades del crimen organizado.
El Rancho Izaguirre ha estado en el centro de la polémica desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de restos óseos y posibles crematorios clandestinos en el lugar. Sin embargo, Lemus afirmó que los restos encontrados no son humanos, contradiciendo declaraciones previas de Gertz Manero, quien había señalado la presencia de restos con signos de incineración. Esta discrepancia ha generado confusión y críticas entre los colectivos de búsqueda y la ciudadanía.
El mandatario estatal insistió en que no se han encontrado indicios de hornos crematorios ni de un campo de exterminio en el rancho, alineándose con el informe más reciente de la FGR. No obstante, aclaró que las investigaciones continuarán para no descartar ninguna línea de investigación. Lemus destacó que su gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades federales para llegar a la verdad de los hechos.
El caso del Rancho Izaguirre comenzó a resonar en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional reportó una balacera en el predio, donde se detuvo a 10 personas y se encontró un cuerpo sin identificar. Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco ha sido señalada por omisiones graves en la investigación, como no procesar indicios, abandonar el lugar y permitir el robo de vehículos asegurados. Estas fallas fueron duramente criticadas por Gertz Manero, quien asumió el caso tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lemus ha evitado entrar en confrontaciones directas con el gobierno federal, optando por un tono conciliador. Durante sus declaraciones, destacó que no es momento de repartir culpas, sino de dar resultados. Sin embargo, la falta de claridad en los avances de la investigación ha generado escepticismo entre los colectivos de madres buscadoras, quienes han calificado las acciones de las autoridades como una burla a su dolor.
La Fiscalía de Jalisco, ahora bajo la lupa de la FGR, ha sido señalada como la de mayor rezago en el país, con más de medio millón de carpetas de investigación pendientes. Este contexto ha avivado las críticas hacia la gestión de seguridad en el estado, heredada del gobierno de Enrique Alfaro, y pone presión sobre Lemus para demostrar avances en un caso que ha captado la atención nacional.
El gobernador propuso la creación de una Comisión de la Verdad para involucrar a colectivos, académicos y organismos internacionales en la investigación, aunque Gertz Manero descartó esta idea previamente. Lemus insiste en que su administración mantendrá la transparencia y el diálogo con las familias de las víctimas, pero las promesas no han calmado las exigencias de justicia de los colectivos.
El caso del Rancho Izaguirre sigue siendo una herida abierta en Jalisco, un estado que lidera las estadísticas de desapariciones en México con más de 15 mil casos registrados. La tensión entre las versiones oficiales y las demandas de los colectivos refleja la complejidad de un problema que va más allá de un solo predio.
Mientras las investigaciones avanzan, la ciudadanía espera respuestas claras sobre lo que realmente ocurrió en el Rancho Izaguirre. Por ahora, las declaraciones de Lemus y Gertz Manero no han logrado disipar las dudas, y el caso sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta Jalisco en materia de seguridad y justicia.