En Nuevo León, el transporte público sigue siendo un dolor de cabeza para miles de usuarios que enfrentan largas esperas y retrasos diarios. Según el gobierno estatal, el problema no radica en la falta de camiones o en la mala gestión, sino en el tráfico que congestiona las vialidades de la zona metropolitana de Monterrey. Pero, ¿es esta la única razón detrás de las quejas ciudadanas?
Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, aseguró que las vialidades saturadas son el principal obstáculo para que los camiones lleguen a tiempo. En una reciente declaración, explicó que el aumento de vehículos particulares ha complicado la operación del transporte público, afectando la frecuencia de paso de las unidades. Sin embargo, esta explicación no parece convencer a los usuarios.
Las quejas ciudadanas van más allá del tráfico. Muchos señalan que la escasez de unidades y las fallas mecánicas de los camiones son problemas recurrentes. De las 708 unidades que forman la flotilla actual, más de la mitad están fuera de servicio por mantenimiento o desperfectos, según datos oficiales. Esto reduce la capacidad del sistema para atender la demanda.
El gobierno de Samuel García ha prometido soluciones, pero los resultados son escasos. La incorporación de nuevos camiones y la reestructuración de rutas han sido anunciadas como medidas para mejorar el servicio. Sin embargo, los usuarios reportan que las mejoras no se sienten en su día a día, y las esperas prolongadas siguen siendo la norma.
Otro factor que agrava la situación es el reciente aumento en las tarifas del transporte público. Desde finales de 2024, el costo del pasaje pasó de 13 a 15 pesos, lo que generó protestas y críticas de colectivos ciudadanos. Los usuarios exigen que, si pagan más, el servicio debe ser eficiente y puntual.
La falta de presupuesto también ha sido señalada como un obstáculo. Villarreal ha solicitado al Congreso local una mayor partida para 2025, argumentando que sin recursos no se puede modernizar el sistema. Mientras tanto, la cancelación de incentivos como el apoyo de 235 pesos mensuales para usuarios de la aplicación Urbani ha dejado a muchos sin alivio económico.
El plan del gobierno estatal incluye ambiciosas metas, como incrementar el uso del transporte público al 34% para 2027 y reducir la dependencia del automóvil. Sin embargo, sin una flotilla suficiente y con vialidades colapsadas, estas promesas parecen lejanas. La construcción de nuevas líneas de Metro, como la 4 y la 6, también está en el horizonte, pero no resolverá los problemas inmediatos.
La paciencia de los ciudadanos se agota. Colectivos como la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros han organizado manifestaciones para exigir un transporte digno. Mientras el gobierno culpa al tráfico, los usuarios demandan acciones concretas: más camiones, mejores rutas y, sobre todo, un servicio que respete su tiempo.
En un estado que presume modernidad y desarrollo, el transporte público sigue siendo un pendiente. La pregunta sigue en el aire: ¿es solo el tráfico el culpable, o hay una falta de voluntad para transformar un sistema que lleva años en crisis? La respuesta, por ahora, sigue atrapada en las largas filas de espera.