Un escándalo sacude a la Ciudad de México. La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, fue clausurada tras la muerte de Erick Leonardo Terán, un estudiante de 13 años, durante un campamento en Morelos. Las autoridades colocaron sellos de suspensión por irregularidades, pero el caso va mucho más allá de un simple trámite administrativo.
El pasado 25 de abril, Erick perdió la vida en un campamento organizado por la academia en Cuautla, Morelos. Según la necropsia, la causa de muerte fue un estallamiento de vísceras, resultado de agresiones físicas. La madre del menor, Erika Torbellín, denunció que su hijo fue víctima de tortura y maltrato por parte de los instructores, un sargento y una capitana, identificados como responsables de los abusos.
Testimonios de otros estudiantes son estremecedores. Los menores relataron que fueron golpeados, arrastrados por el suelo y privados de comida y agua. Algunos incluso fueron obligados a pelear entre sí para “ganarse” alimento. Estas acusaciones han desatado indignación entre los padres de familia, quienes exigen justicia y el esclarecimiento total de los hechos.
La Secretaría de Educación Pública reveló un dato alarmante: la academia no solicitó permisos para realizar el campamento, operando al margen de la ley. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México confirmó que el evento no estaba autorizado, lo que agrava las irregularidades detectadas en la institución.
El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México intervino el 28 de abril, colocando sellos de suspensión en las instalaciones de la academia por no contar con un programa de Protección Civil. Sin embargo, las autoridades han señalado que esta medida es solo el primer paso, ya que las investigaciones siguen en curso.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha acompañado a las familias afectadas. Hasta el momento, se han presentado ocho denuncias formales, pero se espera que la cifra supere las 30 en los próximos días. La presión social crece, y los padres demandan que los responsables enfrenten consecuencias.
La Fiscalía General de Morelos, donde ocurrió el fallecimiento, prometió una investigación exhaustiva. Este 29 de abril, las autoridades se reunirán con la familia de Erick para brindar avances sobre la carpeta de investigación. Mientras tanto, la academia permanece cerrada, con carteles en su fachada que exigen justicia para el menor.
El caso ha generado un debate sobre la supervisión de instituciones educativas privadas con enfoques militarizados. La Secretaría de Educación Pública anunció que revisará la documentación y las condiciones de la academia, mientras la sociedad cuestiona cómo se permitió que un campamento no autorizado terminara en tragedia.
La madre de Erick, destrozada, ha relatado cómo le informaron que su hijo sufrió una supuesta insolación, una versión desmentida por los médicos. Los hematomas, moretones y la ropa destrozada de Erick evidencian la violencia que sufrió, según los reportes oficiales.
La muerte de Erick no es un caso aislado. Otros menores han denunciado maltratos similares en la academia, incluyendo fracturas y castigos extremos. Este escándalo pone en evidencia la falta de regulación y la impunidad que permitió que una institución operara sin control, dejando un saldo irreparable.