Un escalofriante descubrimiento sacude a Jalisco. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, funcionaba desde 2021 como un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reveló la Fiscalía General de la República. Este lugar, utilizado para confinar, torturar y asesinar personas, operó durante años sin que las autoridades locales y estatales hicieran algo al respecto, a pesar de las alertas.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho era un punto clave para el CJNG. Jóvenes eran engañados con promesas de empleo, solo para ser sometidos a entrenamientos violentos y, en muchos casos, asesinados. Los restos humanos hallados, fragmentados y calcinados, muestran la brutalidad de lo que ocurría en este sitio, que las autoridades dejaron en el abandono.
El caso tomó relevancia tras la intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que en marzo de 2025 encontró hornos clandestinos, cientos de prendas y objetos personales. Su denuncia obligó a la FGR a tomar el control de la investigación, luego de que la Fiscalía de Jalisco fuera señalada por graves omisiones. Durante meses, el rancho estuvo sin resguardo, permitiendo que el CJNG continuara sus atrocidades.
La Guardia Nacional había intervenido el predio en septiembre de 2024, deteniendo a 10 presuntos criminales y rescatando a dos víctimas. Sin embargo, la Fiscalía estatal no profundizó en las investigaciones, dejando el lugar desprotegido. Tres vehículos asegurados fueron robados, y no se analizaron los restos óseos ni las prendas halladas, evidenciando una negligencia alarmante.
Gertz Manero apuntó directamente a las autoridades locales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco alertó sobre el rancho en 2021, pero nadie actuó. Incluso se descubrió que policías de Tala, municipio cercano, podrían estar coludidos con el CJNG. Tres exagentes y un líder criminal, José Gregorio “El Lastra”, están entre los 15 detenidos por este caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mostrar compromiso, pero las críticas no cesan. Su gobierno, que asumió la investigación como prioridad, enfrenta cuestionamientos por la lentitud en las acciones. Mientras tanto, el expediente estuvo en un limbo burocrático, retrasando la justicia para las víctimas y sus familias.
El colectivo Guerreros Buscadores ha sido clave, pero también ha enfrentado obstáculos. Las autoridades federales limitaron su participación, generando indignación entre las madres buscadoras. “Nos trajeron a un rancho vacío”, denunciaron tras una visita donde no encontraron más indicios, acusando a la FGR de entorpecer su labor.
La investigación sigue en curso, con la UNAM analizando los restos para confirmar si hubo cremaciones. Sin embargo, la desconfianza crece. ¿Cómo pudo operar un centro de exterminio durante años sin que nadie lo detuviera? La respuesta, según la FGR, apunta a una red de complicidades que involucra a funcionarios locales y estatales.
Este caso destapa la crisis de inseguridad en Jalisco, el estado con más desaparecidos en México. La impunidad y la falta de acción han permitido que el CJNG extienda su terror. La sociedad exige respuestas, pero el panorama sigue sombrío, con más preguntas que certezas.
Teuchitlán, un municipio a menos de 60 kilómetros de Guadalajara, se ha convertido en un símbolo de la violencia descontrolada. El rancho Izaguirre no es solo un lugar, es la prueba de un sistema que ha fallado a las víctimas y a sus familias, dejando un rastro de dolor y abandono.