La Fiscalía General de la República ha concluido que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no fue un sitio de cremación clandestina, contradiciendo las denuncias de colectivos de búsqueda que aseguraban haber encontrado hornos para calcinar cuerpos. Este anuncio genera dudas sobre la investigación y la actuación de las autoridades locales.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco alertó sobre un supuesto campo de exterminio en el rancho, tras hallar restos óseos, cientos de prendas y objetos personales. La noticia conmocionó al país, pero la FGR ahora afirma que no hay evidencia de crematorios ni de actividades de calcinación a gran escala.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, explicó que los restos óseos encontrados están muy fragmentados y que los análisis periciales no confirman la existencia de hornos. La investigación, apoyada por la UNAM, sigue en curso para determinar la naturaleza de los hallazgos.
El Rancho Izaguirre ya había sido intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, tras un enfrentamiento con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese operativo se detuvieron a 10 personas y se rescataron a dos secuestrados, pero las autoridades locales no profundizaron en la investigación.
La Fiscalía de Jalisco, encabezada por Salvador González de los Santos, ha sido señalada por omisiones. Según la FGR, no se realizaron peritajes exhaustivos ni se resguardó adecuadamente el predio, lo que permitió que el lugar quedara abandonado durante meses.
Colectivos de búsqueda han expresado su frustración. Durante un recorrido organizado por la FGR, las madres buscadoras denunciaron que no se les permitió acceder a todas las áreas del rancho y que los objetos hallados, como ropa y zapatos, habían desaparecido.
El gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, ha respaldado la versión de la FGR, asegurando que no se encontraron hornos crematorios. Sin embargo, colectivos insisten en que hubo calcinamiento de restos, realizado en fosas con bases de ladrillo y piedra.
La FGR ha reportado 15 detenidos vinculados al caso, algunos por delitos de delincuencia organizada. Mientras tanto, la investigación continúa, pero las dudas persisten sobre la transparencia y la colaboración entre las autoridades estatales y federales.
Este caso pone en evidencia las fallas en la atención a la crisis de desapariciones en México, con más de 120 mil personas no localizadas. Los colectivos de búsqueda exigen respuestas claras y acceso al rancho para continuar su labor.