La Fiscalía General de la República ha sacudido la opinión pública al descartar que el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, haya sido utilizado como un crematorio clandestino por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, no existe una sola prueba que confirme las denuncias de colectivos de buscadores que señalaron el predio como un sitio de exterminio. Este anuncio ha desatado controversia y dudas sobre la efectividad de las investigaciones.
El rancho Izaguirre saltó a la luz pública en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de restos óseos, cientos de prendas de vestir y supuestos hornos crematorios. Las imágenes de zapatos, ropa y objetos personales abandonados conmocionaron al país, alimentando la narrativa de un centro de horror operado por el crimen organizado. Sin embargo, la FGR asegura que las evidencias no respaldan estas afirmaciones.
Gertz Manero explicó que los peritajes, apoyados por la Universidad Nacional Autónoma de México, encontraron zanjas con fogatas, pero ninguna alcanzó temperaturas superiores a 200 grados, insuficientes para cremar cuerpos. En cambio, el fiscal confirmó que el rancho sí funcionaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, una actividad que, según él, está plenamente probada.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha rechazado las conclusiones de la FGR, insistiendo en que los crematorios existían y que las autoridades podrían estar encubriendo la verdad. Las madres y familiares de desaparecidos han denunciado que el predio, asegurado desde septiembre de 2024, fue dejado en abandono, permitiendo la posible manipulación de evidencias.
La investigación inicial, realizada por la Fiscalía de Jalisco en 2024, fue calificada de insuficiente por las autoridades federales. En aquel operativo, se detuvieron a 10 personas y se rescataron a dos víctimas, pero no se documentaron restos humanos ni crematorios. Este descuido ha alimentado las críticas hacia el gobierno estatal, que ahora enfrenta cuestionamientos por su manejo del caso.
El fiscal Gertz Manero también señaló omisiones de las autoridades locales de Teuchitlán, que habrían ignorado alertas sobre actividades ilícitas en el rancho desde 2021. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco notificó en su momento a los funcionarios municipales, pero no se tomaron medidas. Este detalle ha intensificado las acusaciones de negligencia en la lucha contra el crimen organizado.
La controversia se agrava por testimonios de sobrevivientes, quienes han descrito al rancho como un lugar de reclutamiento forzado, torturas y ejecuciones. Jóvenes atraídos con falsas ofertas de empleo eran llevados al predio, donde enfrentaban violencia extrema. Estos relatos contrastan con la versión oficial, que minimiza la magnitud de los hallazgos.
El caso ha captado la atención internacional, con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitiendo medidas cautelares al gobierno mexicano. Mientras tanto, la FGR ha solicitado a Jalisco la entrega de todos los peritajes para continuar las investigaciones, pero la desconfianza persiste entre los colectivos y la sociedad.
En un país donde la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta, el rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Las familias de los desaparecidos exigen respuestas claras, mientras el gobierno federal busca cerrar un capítulo que, lejos de resolverse, parece abrir más interrogantes.