La Cámara de Diputados, dominada por Morena, dio un paso polémico al aprobar por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a pagar al menos un salario mínimo a meseros, despachadores de combustible, empacadores, vendedores en plazas y estadios, entre otros. Esta medida, impulsada por el diputado morenista Pedro Haces Barba, busca garantizar un ingreso base a trabajadores que hoy dependen exclusivamente de propinas, pero no está exenta de controversia.
El dictamen, que ahora pasa al Senado, establece que el salario mínimo no podrá ser sustituido por propinas ni cualquier otra gratificación voluntaria. Según Haces Barba, la reforma dignificará la vida de más de 650 mil trabajadores en sectores con alta informalidad, como restaurantes, gasolineras y eventos deportivos. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría encarecer los costos para las empresas, especialmente las pequeñas, y generar despidos o mayor precariedad.
Datos del Inegi revelan que, en 2024, el 67.4% de los meseros y anfitriones laboraban en la informalidad, y cerca de 80 mil personas en industrias de servicios dependían únicamente de ingresos no salariales. La reforma pretende formalizar estos empleos, otorgando acceso a seguridad social, vivienda y pensiones. Pero, ¿es realmente una solución viable o solo una promesa populista para ganar adeptos?
Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), celebró la reforma como un logro para los “más desprotegidos”. No obstante, su historial como operador político de Morena levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de la iniciativa. Algunos analistas sugieren que busca fortalecer su base sindical y captar millones de afiliados en un contexto electoral.
La reforma también prohíbe a los patrones quedarse con las propinas o usarlas para cubrir gastos operativos, como la compra de utensilios. Esto, en teoría, protege a los trabajadores, pero no aborda el problema de fondo: la falta de inspección laboral para garantizar el cumplimiento. En un país donde las leyes suelen quedar en el papel, ¿quién asegurará que esta se aplique?
Empresarios del sector restaurantero y de servicios han expresado preocupación. Argumentan que el aumento en los costos laborales podría traducirse en precios más altos para los consumidores o en recortes de personal. En un entorno económico ya golpeado por la inflación, esta reforma podría tener efectos no deseados que Morena parece ignorar.
Por otro lado, los trabajadores beneficiados, como despachadores de gasolina y empacadores, podrían ver mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, la falta de un plan claro para implementar la reforma y supervisarla genera dudas. ¿Será otro anuncio rimbombante del oficialismo sin resultados tangibles?
El camino de esta reforma aún es largo, pues el Senado deberá analizarla y aprobarla. Mientras tanto, el debate continúa: ¿es un avance genuino para los trabajadores o una estrategia de Morena para consolidar poder? Lo cierto es que, en un país con millones de empleos precarios, cualquier cambio en las leyes laborales debe ser scrutado con lupa.