La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el ojo del huracán tras la polémica desatada por la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A pesar de que el senador Javier Corral, aliado de Morena, insiste en que la mandataria es “enemiga de la censura”, las críticas no cesan. La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, ha levantado sospechas sobre un posible control de plataformas digitales, lo que muchos consideran un ataque directo a la libertad de expresión.
El artículo 109 de la ley es el centro de la controversia. Este apartado otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales sin especificar claramente las razones o condiciones. Opositores, medios de comunicación y organizaciones internacionales han advertido que esta redacción abre la puerta a la censura arbitraria. Aunque Sheinbaum ha pedido revisar este artículo, la falta de transparencia en el proceso legislativo mantiene la desconfianza.
Javier Corral, en un intento por calmar las aguas, aseguró que la presidenta busca proteger la libertad de expresión. Durante un conversatorio en el Senado, destacó que Sheinbaum ha pedido un diálogo abierto con expertos y sectores involucrados. Sin embargo, estas promesas contrastan con la rapidez con la que Morena y sus aliados intentaron aprobar la ley en comisiones, lo que generó acusaciones de un proceso opaco y autoritario.
La oposición no se ha quedado callada. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han calificado la iniciativa como una “ley mordaza” que busca silenciar a medios y ciudadanos en redes sociales. Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación, señalando que la ley podría violar tratados internacionales sobre libertad de expresión.
Otro punto que ha encendido las alarmas es la prohibición de transmitir propaganda política de gobiernos extranjeros. La medida se incluyó tras la emisión de un spot antiinmigrante de Estados Unidos en canales mexicanos. Aunque el gobierno asegura que solo busca proteger la soberanía, críticos argumentan que esta cláusula podría usarse para censurar contenidos incómodos bajo el pretexto de “propaganda extranjera”.
Sheinbaum ha insistido en que su administración está en contra de la censura y que el artículo polémico será modificado o eliminado. Sin embargo, la narrativa oficial no ha convencido a la ciudadanía. En redes sociales, etiquetas como #LeyCensura y #LeyMordaza se volvieron tendencia, reflejando el rechazo masivo a una ley que muchos ven como un retroceso democrático.
El Senado, presionado por la opinión pública y la propia presidenta, decidió pausar la votación de la ley para abrir un periodo de consulta. Sin embargo, la falta de claridad sobre quiénes participarán en este diálogo y cómo se garantizará la transparencia sigue alimentando las dudas. La oposición asegura que, sin cambios profundos, la ley seguirá siendo una amenaza para las libertades digitales.
Mientras el gobierno de Morena promete rectificar, la ciudadanía permanece atenta. La polémica ha dejado en evidencia las tensiones entre el discurso oficial de apertura y las acciones legislativas que parecen ir en sentido contrario. La pregunta sigue en el aire: ¿realmente está Sheinbaum en contra de la censura, o es esta ley un paso hacia el control de la narrativa en México?