El gobierno de Nuevo León ha puesto en jaque a Ternium, la empresa siderúrgica señalada por graves problemas de contaminación. Tras el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos en el arroyo La Talaverna, las autoridades estatales evalúan una medida drástica: el cierre definitivo de la planta. Este escándalo ha desatado indignación entre ciudadanos y funcionarios, quienes exigen justicia ambiental.
El pasado 18 de abril, la planta de Ternium en Churubusco, ubicada entre Monterrey y San Nicolás, dejó escapar cloruro ferroso y agua ácida que afectaron 11 kilómetros de cauce, impactando municipios como Apodaca, Pesquería y Guadalupe. La empresa, dirigida por Máximo Vedoya, admitió la magnitud del desastre, pero las críticas no se han hecho esperar. Vecinos y activistas denuncian que este no es un caso aislado.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, ha sido uno de los más vocales en este caso. Afirmó que la salud pública es un derecho innegociable y exigió que las autoridades cumplan su promesa de clausurar la empresa. Su postura refleja el hartazgo de una comunidad que lleva años lidiando con las emisiones contaminantes de Ternium. Las protestas ciudadanas han ganado fuerza en las últimas semanas.
Diputados locales también se han sumado a la presión. La legisladora Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, señaló que Ternium ha sido negligente en sus procesos, lo que ha dañado tanto el medio ambiente como la salud de los regiomontanos. Incluso se ha planteado la reubicación de la empresa, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con Zinc Nacional, otra compañía clausurada por problemas similares.
El secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, ha indicado que se están analizando sanciones severas. Aunque la regulación de empresas como Ternium es competencia federal, el gobierno estatal asegura que no se quedará de brazos cruzados. Martínez Muñoz destacó que el cierre es una posibilidad real si la empresa no corrige sus prácticas contaminantes.
No es la primera vez que Ternium está en el ojo del huracán. Informes previos han revelado que su planta en Pesquería emitió en 2023 más de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente al 37% de las emisiones de toda la zona metropolitana de Monterrey. Además, la empresa está en el top 10 de emisores de metales pesados como plomo, cadmio y cromo, todos altamente tóxicos.
La ciudadanía y los expertos han criticado la permisividad de las autoridades federales, que han otorgado a Ternium licencias para manejar cantidades masivas de residuos peligrosos. Por ejemplo, la planta de Pesquería tiene autorización para procesar más de 2 millones de toneladas al año, una cifra comparable a lo que genera el estado de California. Este dato ha avivado el debate sobre la complicidad entre el gobierno y la industria.
Organizaciones ambientales han acusado a Ternium de practicar el “greenwashing”, promoviendo campañas de imagen como maratones y becas para desviar la atención de su impacto ambiental. Mientras tanto, los habitantes de las zonas afectadas reportan problemas de salud relacionados con la contaminación, desde enfermedades respiratorias hasta riesgos de cáncer por exposición a químicos como el cromo hexavalente.
El futuro de Ternium en Nuevo León pende de un hilo. Las autoridades locales enfrentan una decisión crucial: permitir que la empresa continúe operando bajo promesas de mejora o tomar medidas radicales para proteger el medio ambiente y la salud pública. La presión social no da tregua, y el caso podría sentar un precedente para otras industrias contaminantes en la región.
Este nuevo capítulo en la controversia de Ternium mantiene a los regiomontanos en vilo. La pregunta que todos se hacen es si el gobierno tendrá la voluntad de priorizar el bienestar de la población sobre los intereses económicos de una de las siderúrgicas más grandes del país.