En las últimas semanas, el Metro de la Ciudad de México ha sido escenario de un preocupante fenómeno: los llamados “pinchazos”, ataques con jeringas que han dejado a usuarios desorientados y con miedo. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 20 denuncias de personas que aseguran haber sentido piquetes mientras viajaban en este medio de transporte. La situación ha generado alarma entre los capitalinos, quienes exigen respuestas claras sobre qué está ocurriendo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, confirmó que se han realizado 15 pruebas toxicológicas a las víctimas. De estas, dos resultaron positivas a estupefacientes, aunque aún no se ha precisado qué tipo de sustancias se utilizaron. Esta falta de claridad ha aumentado la incertidumbre, mientras los usuarios del Metro temen por su seguridad en un sistema que transporta a millones diariamente.
Una de las sustancias que los expertos sospechan podría estar involucrada es la escopolamina, conocida como “burundanga”. Según especialistas, esta droga psicotrópica puede causar somnolencia, desorientación y pérdida de la voluntad, síntomas que coinciden con los reportados por varias víctimas. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente si esta es la sustancia utilizada, lo que alimenta las especulaciones.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la dirección de Bertha Alcalde, ha iniciado investigaciones para identificar a los responsables y determinar el modus operandi de estos ataques. Inicialmente, se reportaron nueve casos entre marzo y abril, pero la cifra ha crecido rápidamente. Las víctimas, tanto hombres como mujeres de diversas edades, han denunciado mareos, temblores y sueño extremo tras sentir un piquete en estaciones como Bellas Artes, Polanco y Viveros.
A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades insisten en que no hay evidencia de que los pinchazos estén relacionados con intentos de secuestro o agresiones sexuales. Sin embargo, en al menos dos casos se reportó el robo de pertenencias, lo que sugiere que los atacantes podrían estar aprovechando la desorientación de las víctimas para delinquir. Esta situación ha generado críticas por la aparente falta de acción efectiva para frenar estos incidentes.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha defendido la respuesta institucional, asegurando que se ha implementado un protocolo de atención inmediata para las víctimas. Este incluye traslados al Hospital de Toxicología y la realización de exámenes toxicológicos. No obstante, muchos usuarios consideran que estas medidas son insuficientes frente a un problema que parece ir en aumento y que pone en riesgo su seguridad diaria.
Organizaciones como No es una, somos todas A.C. han alzado la voz, denunciando que las autoridades no están tratando el tema con la seriedad que merece. Algunas víctimas han relatado experiencias traumáticas, como despertar en lugares desconocidos o requerir hospitalización tras los efectos de las sustancias. Estos testimonios han intensificado la presión sobre el gobierno capitalino para que actúe con mayor contundencia.
Mientras las investigaciones continúan, los capitalinos se mantienen en alerta. La falta de información precisa sobre las sustancias utilizadas y los responsables detrás de los pinchazos sigue alimentando el miedo. En un sistema de transporte ya saturado y con problemas de seguridad, este nuevo desafío pone a prueba la capacidad de las autoridades para proteger a los ciudadanos.