La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) planea cerrar cuatro de sus oficinas en México, una decisión que ha sorprendido en medio de la creciente crisis migratoria en la región. Según información confirmada por un funcionario de la organización, esta medida responde a una severa crisis económica que afecta al organismo internacional.
Las oficinas que dejarán de operar se encuentran en puntos clave para la atención de migrantes, aunque no se han especificado las ubicaciones exactas. Este cierre representa un duro golpe para las personas que dependen de los servicios de ACNUR, como asesoría legal, apoyo para solicitudes de asilo y protección humanitaria.
Además del cierre de oficinas, ACNUR ha despedido a 190 empleados en México. Estos recortes de personal afectan a trabajadores que han estado en la primera línea de atención a migrantes, muchos de los cuales enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad, como violencia, pobreza y persecución en sus países de origen.
La crisis económica que enfrenta ACNUR no es un fenómeno aislado. La organización ha advertido en repetidas ocasiones sobre la falta de fondos suficientes para atender el creciente número de personas desplazadas en el mundo, que supera los 120 millones según datos recientes.
En México, un país que se ha convertido en un punto clave para el tránsito y destino de migrantes, la reducción de la presencia de ACNUR podría agravar las condiciones de miles de personas. Tijuana, por ejemplo, ha pasado de ser un lugar de paso a un destino para muchos migrantes que buscan empleo y estabilidad.
La decisión de cerrar oficinas se produce en un momento en que la política migratoria en México enfrenta múltiples desafíos. El gobierno ha promovido una estrategia de contención en la frontera sur, mientras que en el norte, los albergues están al límite de su capacidad ante la llegada de deportados desde Estados Unidos.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que tendrá esta medida. Sin el apoyo de ACNUR, muchos migrantes podrían quedar desprotegidos, enfrentando mayores riesgos de explotación, violencia y deportación.
El panorama global no es más alentador. ACNUR ha reportado que el número de personas desplazadas podría alcanzar los 130.8 millones para finales de 2025, lo que subraya la urgencia de soluciones internacionales para abordar esta crisis humanitaria.
En México, la sociedad civil y el gobierno enfrentan ahora el reto de llenar el vacío que dejará ACNUR. La cooperación internacional y el fortalecimiento de las políticas migratorias serán cruciales para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en un contexto cada vez más complejo.