En un giro que ha generado indignación, el abogado de Damazo “N”, exentrenador de gimnasia acusado de abuso sexual contra 16 menores en Nuevo León, afirmó que los padres de las víctimas debieron cuidar mejor a sus hijos. Las declaraciones, hechas durante la audiencia del 29 de abril, han encendido las redes sociales y avivado el debate sobre la responsabilidad en casos de violencia sexual.
Damazo “N”, quien fue detenido el 25 de abril por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, enfrenta cargos por delitos equiparables a la violación. Las acusaciones provienen de al menos 16 gimnastas, quienes denunciaron haber sido abusadas por el entrenador cuando eran menores de edad. Los hechos habrían ocurrido en el gimnasio Klass, en San Nicolás de los Garza, propiedad de la madre del acusado.
El abogado defensor, Edwin Horacio Gracia Elizondo, argumentó que la detención de su cliente fue ilegal, alegando que un amparo previo impedía su captura. Sin embargo, su declaración más controvertida fue culpar a los padres, sugiriendo que descuidaron la vigilancia de sus hijas, lo que permitió los abusos. Estas palabras han sido calificadas como insensibles por familiares y activistas.
Las víctimas, que en su mayoría eran niñas y adolescentes durante los hechos, han compartido testimonios desgarradores. Algunas relataron que los abusos ocurrieron no solo en el gimnasio, sino también en casas de amigas y durante eventos como la Olimpiada Nacional. Las denuncias comenzaron a hacerse públicas el 8 de marzo, cuando varias exgimnastas usaron redes sociales para exponer al entrenador.
La Fiscalía de Nuevo León ha intensificado la investigación, realizando cateos en la casa de Damazo y en el gimnasio Klass. Durante estas acciones, se decomisaron dispositivos electrónicos, incluyendo laptops, memorias USB y cámaras, que podrían contener evidencia relevante. Las autoridades no descartan que más víctimas presenten denuncias en las próximas semanas.
El caso ha puesto en el ojo del huracán al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), que separó a Damazo de su cargo tras las primeras acusaciones. Sin embargo, críticos señalan que la institución falló en supervisar al entrenador, permitiendo que los abusos continuaran durante años. La Federación Mexicana de Gimnasia también lo desvinculó de inmediato.
Familiares de las víctimas se han manifestado frente al Palacio de Justicia de Monterrey, exigiendo justicia y mayor protección para las menores. Algunas madres denunciaron que la madre de Damazo, dueña del gimnasio, justificó las acciones de su hijo e incluso intentó silenciar a las víctimas con ofrecimientos como becas o empleos.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha prometido ir con todo el peso de la ley contra el acusado. Sin embargo, la falta de acción previa de las autoridades ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de prevención y denuncia en el estado.
La audiencia del 29 de abril fue clave para determinar la situación legal de Damazo, pero las declaraciones de su abogado han desviado la atención hacia la revictimización de las menores y sus familias. Organizaciones civiles han condenado el discurso del defensor, exigiendo un proceso transparente y respetuoso.
Este caso ha reavivado la discusión sobre la inseguridad que enfrentan las niñas y jóvenes en espacios deportivos. La sociedad civil y las víctimas esperan que la justicia actúe con firmeza, mientras el eco de las denuncias sigue resonando en Nuevo León y más allá.