En un movimiento que busca garantizar la imparcialidad en la justicia, legisladores de Nuevo León han presentado una iniciativa para reformar el proceso de selección de los candidatos a fiscal general del estado. La propuesta, impulsada por el diputado local Roberto Farías, pretende que los aspirantes a este cargo no tengan relación alguna con partidos políticos, una medida que se plantea como un paso hacia la transparencia y la independencia en la Fiscalía.
La iniciativa surge en un contexto de tensiones políticas en el estado, donde los procesos de designación de fiscales han estado marcados por señalamientos de favoritismos y alianzas partidistas. Según Farías, la intención es establecer requisitos más estrictos que aseguren que los candidatos sean profesionales del derecho con trayectoria intachable, sin militancias ni nexos con cualquier fuerza política que puedan comprometer su objetividad.
Actualmente, el proceso de selección del fiscal en Nuevo León permite que personas con vínculos políticos participen, lo que ha generado críticas por la posible influencia de partidos en las decisiones judiciales. La propuesta busca modificar la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General para cerrar esta brecha, exigiendo que los aspirantes no hayan ocupado cargos de dirección en partidos ni participado en campañas políticas en los últimos cinco años.
El diputado Farías destacó que esta reforma no solo fortalecería la confianza ciudadana en la Fiscalía, sino que también alinearía a Nuevo León con estándares internacionales de independencia judicial. Sin embargo, la propuesta no está exenta de desafíos, ya que requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso local, un escenario complicado en un entorno donde las fuerzas políticas están polarizadas.
Por otro lado, algunos legisladores de oposición han expresado reservas, argumentando que la medida podría limitar la participación de profesionales capacitados que, por coincidencia, hayan tenido alguna cercanía con un partido en el pasado. Este debate refleja la dificultad de equilibrar la experiencia profesional con la necesidad de neutralidad en un puesto tan relevante.
La discusión también ha reavivado el interés ciudadano en la transparencia del sistema judicial. Organizaciones civiles han aplaudido la iniciativa, pero piden que se incluyan mecanismos de participación ciudadana en el proceso de selección, como audiencias públicas para evaluar a los candidatos. Estas voces subrayan que la ciudadanía debe tener un rol activo en la construcción de un sistema de justicia más confiable.
Si la reforma avanza, Nuevo León podría convertirse en un referente nacional en la lucha por una justicia autónoma. Sin embargo, el camino legislativo será arduo, especialmente porque el tema ha generado posturas encontradas entre los partidos mayoritarios, como Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, que dominan el Congreso local.
El debate sobre esta propuesta apenas comienza, pero ya ha puesto en el centro de la conversación la necesidad de blindar la Fiscalía contra cualquier influencia política. En un estado donde los conflictos entre poderes han sido recurrentes, esta iniciativa podría marcar un precedente para otras entidades que buscan fortalecer sus instituciones judiciales.