México y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, un pacto que regula la distribución del agua de los ríos Bravo y Colorado. El anuncio, hecho público este 28 de abril de 2025, busca mitigar las tensiones por el incumplimiento mexicano en las entregas de agua al estado de Texas. La sequía que azota el norte del país ha complicado el cumplimiento de este compromiso, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que maniobrar ante las amenazas de sanciones comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump.
El acuerdo incluye la transferencia inmediata de agua desde embalses internacionales, como las presas La Amistad y Falcón, para beneficiar a los agricultores texanos. Esta medida, según el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responde a la urgencia de garantizar el suministro en la frontera. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguran que este pacto no implica una renegociación del tratado, sino un ajuste temporal para enfrentar la crisis hídrica que ha golpeado al país durante los últimos tres años.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Julio Berdegué, ha destacado que el compromiso incluye modernizar los sistemas de riego en distritos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Estas acciones, según el funcionario, buscan optimizar el uso del agua en un contexto de escasez. No obstante, el gobierno federal no ha detallado cómo se garantizará que los productores mexicanos no resulten afectados por estas entregas prioritarias a Estados Unidos.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar 2,160 millones de metros cúbicos de agua cada cinco años a Estados Unidos, mientras que el país recibe 9,250 millones de metros cúbicos del río Colorado. La disparidad en las cantidades ha sido un punto de crítica, especialmente en Chihuahua, donde agricultores han protestado en el pasado por la extracción de agua en tiempos de sequía. En 2020, la presa La Boquilla fue escenario de enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Nacional, un precedente que sigue generando desconfianza.
La intervención de la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha sido clave para formalizar este acuerdo. Este organismo binacional, creado para resolver disputas sobre los recursos hídricos en la frontera, ha propuesto soluciones técnicas que permitan a México cumplir con sus obligaciones sin comprometer el abasto interno. Sin embargo, la falta de claridad sobre los volúmenes exactos que se entregarán ha levantado dudas entre los sectores agrícolas mexicanos.
Las presiones de Estados Unidos no son nuevas. En marzo de 2025, legisladores texanos exigieron a Trump incluir el tema del agua en las negociaciones comerciales, argumentando pérdidas millonarias para sus agricultores. La respuesta del gobierno mexicano, liderado por Sheinbaum, ha sido insistir en que la sequía ha limitado la capacidad del país para cumplir al 100% con el tratado. Este argumento, aunque válido, no ha evitado las críticas internas que acusan al gobierno de ceder ante las amenazas de aranceles.
En el centro de la controversia está el impacto de la sequía, que ha reducido el caudal de los ríos mexicanos, especialmente el Conchos, el principal afluente del río Bravo. La Comisión Nacional del Agua ha reportado una disminución significativa en los escurrimientos, lo que ha obligado a México a recurrir a embalses internacionales para cumplir con el tratado. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y la necesidad de una gestión hídrica más eficiente.
El acuerdo, aunque presentado como una solución diplomática, no está exento de cuestionamientos. En estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, los gobernadores han expresado preocupación por el impacto en sus comunidades. Sheinbaum ha asegurado que se dialoga con las autoridades locales para evitar afectaciones, pero la falta de transparencia en las negociaciones ha generado escepticismo entre los productores agrícolas.
La tensión por el agua entre México y Estados Unidos refleja un problema estructural: el Tratado de 1944 no contempló los efectos del cambio climático ni el crecimiento demográfico en la frontera. Aunque el pacto ha sido elogiado como un modelo de cooperación binacional, su aplicación en tiempos de escasez hídrica sigue siendo un desafío. Por ahora, el acuerdo alcanzado parece calmar las aguas, pero no resuelve las disputas de fondo.
Mientras México busca equilibrar sus compromisos internacionales con las necesidades internas, la gestión del agua seguirá siendo un tema candente. La modernización de los sistemas de riego y la búsqueda de soluciones técnicas son pasos en la dirección correcta, pero la verdadera prueba será garantizar que los recursos hídricos alcancen para todos, tanto en México como al otro lado de la frontera.