El viernes pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las compuertas de la presa, ubicada en el municipio de China, para enviar agua al río San Juan, con destino final en la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas. Este movimiento, según fuentes federales, busca cumplir con el tratado de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.
El nivel de la presa El Cuchillo, que hasta el jueves estaba al 92.3%, cayó al 87.7% para el domingo, según datos oficiales de Conagua. Este descenso representa una pérdida significativa de agua en un contexto donde las lluvias no han sido suficientes para recuperar los embalses.
El desfogue ha generado preocupación entre los habitantes de Monterrey, ya que la presa es la principal fuente de agua para la zona metropolitana. La extracción constante, sumada a la falta de precipitaciones, pone en riesgo la sostenibilidad del abasto en los próximos meses.
En lo que va del año, esta es la segunda vez que se realiza un desfogue en El Cuchillo. Entre el 7 y el 20 de enero, se trasvasaron 132 hectómetros cúbicos a Tamaulipas, equivalentes a tres meses de consumo hídrico en la región, lo que ya había encendido las alarmas.
El gobierno estatal, encabezado por Samuel García, ha justificado estas acciones como medidas preventivas ante posibles lluvias futuras. Sin embargo, la falta de claridad en la comunicación oficial ha generado críticas entre la población y expertos en gestión hídrica.
Por su parte, Conagua no ha detallado el volumen exacto de agua que se liberará ni el impacto que esto tendrá en el abasto local. La incertidumbre crece ante la posibilidad de que el desfogue continúe en los próximos días.
La situación se complica con el contexto internacional, ya que México enfrenta presiones para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos, una obligación que ha reactivado tensiones en la región noreste del país.
Mientras tanto, las presas La Boca y Cerro Prieto, también clave para Nuevo León, no han registrado ingresos significativos de agua, lo que agrava la crisis hídrica que enfrenta el estado.
La ciudadanía espera respuestas claras sobre cómo se garantizará el acceso al agua en los próximos meses, en un escenario donde la sequía y las decisiones políticas parecen jugar en contra.