La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido no quedarse de brazos cruzados y presentó una impugnación contra la suspensión provisional que frena la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán. Este movimiento busca que el político, acusado de graves delitos, enfrente la justicia sin más obstáculos legales.
Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, está en el ojo del huracán por presuntos actos de corrupción que habrían causado un daño millonario al erario público. La FGR lo señala por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y ejercicio indebido del servicio público, delitos que no son menores y que han generado indignación en el estado.
El caso se centra en la construcción de siete cuarteles para la Guardia Civil en municipios como Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Según las investigaciones, estas obras tuvieron un costo inflado de 4 mil millones de pesos, cuando su valor real no superaba los 700 millones. Un desvío de recursos que, de confirmarse, sería escandaloso.
El pasado 23 de abril, un juez federal otorgó a Aureoles una suspensión provisional que le permite evitar la detención mientras se resuelve su amparo. Esta decisión ha generado críticas, pues muchos consideran que es un intento del exgobernador por retrasar el proceso en su contra. La FGR, sin embargo, no está dispuesta a dejar que el caso se diluya.
La impugnación presentada por la Fiscalía será revisada por un tribunal colegiado, que decidirá si la suspensión se mantiene o se revoca. Si el tribunal falla a favor de la FGR, Aureoles podría perder su protección legal y enfrentar la orden de aprehensión de manera inmediata, un escenario que mantiene en vilo a la opinión pública.
El exgobernador, quien ha sido ligado al PRD y a otros movimientos políticos, ha mantenido un bajo perfil desde que se giró la orden de aprehensión en marzo de 2025. Sin embargo, su historial de viajes al extranjero, registrados por la FGR, ha levantado sospechas sobre posibles intentos de evadir la justicia.
Cuatro excolaboradores de Aureoles ya fueron vinculados a proceso por los mismos delitos, y actualmente se encuentran en prisión preventiva. Esto refuerza la teoría de que el exmandatario encabezó una red de corrupción que operó durante su administración, afectando gravemente las finanzas de Michoacán.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el caso como un claro ejemplo de corrupción y ha cuestionado la decisión del juez que otorgó la suspensión. Aunque asegura que el asunto es competencia de la Fiscalía, sus declaraciones reflejan la postura del gobierno federal frente a este tipo de casos.
Mientras el proceso legal avanza, la ciudadanía espera que se haga justicia y que nadie, sin importar su cargo o influencia, quede por encima de la ley. El desenlace de esta impugnación podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en México.
Por ahora, Silvano Aureoles sigue en el centro de la controversia, y la FGR parece decidida a no darle tregua. El próximo capítulo de esta historia dependerá de la resolución del tribunal, un fallo que podría cambiar el rumbo del exgobernador y del caso que lo persigue.